ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION TRIBUTRIA, INSPECCION Y RECAUDACIÓN 

Título I: Principios generales

Art. 1.- Objeto

Art. 2.- Vinculación con ordenanzas particulares

Art. 3.- Ámbito de aplicación 

Art. 4.- Normativa aplicable

Título II: De la Gestión Tributaria

Capítulo I. Conceptos Generales

Sección I. Los tributos. Sus clases

Art. 5.- Tributos provinciales

Art. 6.- Tributos municipales delegados

Sección II. Elementos de la relación tributaria

Art. 7.- El hecho imponible

Art. 8.- Sujeto pasivo

Art. 9.- Obligaciones del sujeto pasivo

Art. 10.- Responsables del tributo

Art. 11.- Responsabilidad solidaria

Art. 12.- Responsabilidad subsidiaria

Art. 13.- Acción administrativa de derivación de la responsabilidad

Art. 14.- Transmisión de la deuda

Art. 15.- El domicilio fiscal

Art. 16.- Base imponible

Art. 17.- Determinación de la base

Art. 18.- Base liquidable

Art. 19.- Reducciones, exenciones y bonificaciones

Sección III. La deuda tributaria

Art. 20.- Determinación de la cuota tributaria

Art. 21.- La deuda tributaria

Art. 22.- Extinción de la deuda tributaria

Art. 23.- El pago

Art. 24.- Prescripción

Art. 25.- Interrupción de la prescripción.

Art. 26.- Compensación.

Art. 27.- Condonación.

Capítulo II. Normas de gestión

Sección I. Normas comunes

Art. 28.- Principios generales

Art. 29.- Competencias del Pleno

Art. 30.- Competencias del Presidente de la Diputación

Art. 31.- Iniciación de la gestión

Art. 32.- Declaración tributaria

Art. 33.- Consultas tributarias

Art. 34.- Instrucciones y circulares de la Presidencia

Art. 35.- Liquidaciones

Art. 36.- Notificación de liquidaciones

Art. 37.- Practica de notificaciones

Art. 38.- Padrones y matrículas

Art. 39.- Periodos voluntarios de cobranza

Sección II. Normas especiales de gestión relativas a tributos municipales en que la misma haya sido delegada a la Diputación Provincial

Art. 40.- Alcance de la delegación en la gestión

Art. 41.- Impuesto sobre bienes inmuebles

Art. 42.- Impuesto sobre actividades económicas

Art. 43.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Art. 44.- Aprobación de padrones

Art. 45.-  Liquidaciones ingreso directo IBI, IAE e IVTM

 

Sección III. Procedimiento de revisión

Art. 46.- Interposición de recursos

Art. 47.- Procedimientos especiales de revisión

Art. 48.- Rectificación de errores materiales

Art. 49.- Devolución de ingresos indebidos

               

Sección IV. Infracciones y sanciones tributarias

Art.- 50.- Procedimiento sancionador

Art.- 51.- Infracciones graves

Art.- 52.- Infracciones simples

Título III: De la Inspección de Tributos

Capítulo I. La inspección de tributos

Art. 53.- La inspección de tributos

Art. 54.- Personal inspector

Capítulo II. Procedimiento de inspección

Art. 55.- Clases de actuaciones

Art. 56.-Lugar y tiempo de las actuaciones

Art. 57.- Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras

Titulo IV: Recaudación

Capítulo Preliminar. Disposiciones generales

Sección I. De la gestión recaudatoria de la Diputación

Art. 58.- Concepto

Art. 59.- Periodos de recaudación

Art. 60.- Gestión recaudatoria

Art. 61.- Competencia territorial

Art. 62.- Objeto

Sección II. Órganos recaudatorios de la Diputación y sus competencias

Art. 63.- Órganos de dirección

Art. 64.- Órganos de recaudación y entidades colaboradoras

Art. 65.- Competencias del Pleno

Art. 66.- Competencias del Presidente

Art. 67.- Competencias del Tesorero

Art. 68.- Competencias del Jefe de Servicio de Recaudación

Art. 69.- Competencias del Recaudador de la Oficina de Recaudatoria

Capítulo I. Extinción de las deudas

Sección I. Especificaciones sobre el pago

Art. 70.- Tiempo de pago

Art. 71.- Medios de pago

Art. 72.- Cheque

Art. 73.- Pago mediante efectos timbrados y maquinas registradoras – certificadoras

Art. 74.- Justificantes de pago

Sección II. Aplazamiento y fraccionamiento del pago

Art. 75.- Fraccionamientos y aplazamientos I

Art. 76.- Fraccionamientos y aplazamientos II

Art. 77.- Fraccionamientos y aplazamientos III

Art. 78.- Fraccionamientos y aplazamientos IV

Art. 79.- Fraccionamientos y aplazamientos V

Art. 80.- Fraccionamientos y aplazamientos VI

Art. 81.- Fraccionamientos y aplazamientos VII

Art. 82.- Fraccionamientos y aplazamientos VIII

Sección III. Compensación de deudas

Art. 83.- Compensación

Art. 84.- Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas

Art. 85.- Procedimiento

Art. 86.- Cobro de deudas de Entidades Públicas

Sección IV. Créditos incobrables

Art. 87.- Declaración de crédito incobrable

Art. 88.- justificación

Art. 89.- Efectos

Capítulo II. Ingresos en período voluntario y en vía de apremio

Sección Única. Ingreso de las deudas

Art. 90.- Ingreso

Art. 91.- ingresos en entidades colaboradoras

Capítulo III. Del personal recaudador

Sección I. De los recaudadores

Art. 92.- Carácter y nombramiento

Art. 93.- Deberes y derechos

Art. 94.- Incompatibilidades

Art. 95.- Ceses

Sección II. El personal de recaudación

Art. 96.- El personal de recaudación

Art. 97.- Deberes

Art. 98.- Retribuciones y traslados

Art. 99.- Auxilio de la autoridad

Art. 100.- Régimen disciplinario

Capítulo IV. Estados de recaudación

Sección I. Estados de la gestión

Art. 101.- Elaboración

Art. 102.- Justificantes

Sección II. Comisión Liquidadora

Art. 103.- Nombramiento

Art. 104.- Comprobación

Capítulo V. Recaudación por la Diputación de créditos de otros entes

Sección I. Prestación del servicio de recaudación

Art. 105.- Aplicación de la ordenanza

Art. 106.- Extensión de la prestación del servicio

Art. 107.- Alcance

Sección II. Relación con los entes delegantes

Art. 108.- Intercambio de información y documentación

Sección III. Ingreso de la recaudación realizada

Art. 109.- Anticipos a cuenta

Art. 110.- Ingreso en las Entidades Locales del importe de las deudas recaudadas

Art. 111.- liquidación definitiva

Art. 112.- Ingresos de otros Entes

Art. 113.- Estados de la gestión recaudatoria

Disposición adicional primera. Reglamento general de recaudación

Disposición adicional segunda. Mesa de subasta

Disposición adicional tercera. Competencia de los servicios jurídicos

Disposición final

Anexos

Título I: PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.- Objeto

1. La presente Ordenanza Fiscal General, dictada al amparo del artículo 106 de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 15 a 19 de la ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, tiene por objeto establecer los principios básicos y normas comunes a los siguientes tributos:

a) Tributos propios de la Excma. Diputación Provincial de  Granada.

b) Tributos cuya gestión se haya delegado por los Municipios de la Provincia, entendiéndose aplicable la Ordenanza exclusivamente a aquellas funciones de gestión que hayan sido efectivamente delegadas por dichos Municipios. A estos efectos la presente Ordenanza, a través de las normas comunes que contiene, complementa las Ordenanzas Fiscales Municipales respectivas.

2. Las normas contenidas en esta Ordenanza Fiscal serán aplicables supletoriamente a otros ingresos de derecho público en aquellos supuestos concretos no previstos específicamente en la normativa reguladora de los mismos y en cuanto la naturaleza jurídica de cada tipo de ingresos haga posible dicha aplicación.

Artículo 2.- Vinculación con Ordenanzas particulares

Las normas de la presente Ordenanza Fiscal General se considerarán parte integrante de las respectivas Ordenanzas particulares, en todo lo que no esté especialmente regulado en éstas.

Artículo 3.- Ambito de aplicación

1. Esta Ordenanza obligará en todo el territorio de la provincia de Granada.

2. Las normas contenidas en esta Ordenanza obligarán desde la entrada en vigor de la misma, hasta su derogación o modificación, de acuerdo con su Disposición Final.

Artículo 4.- Normativa aplicable

Los tributos propios de la Excma. Diputación Provincial y aquéllos cuya gestión tenga encomendada por delegación de los Municipios, se regirán en primer término por la ley 7/85, y además:

a) Por la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

b) Por la legislación general tributaria, presupuestaria, Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente y demás del Estado aplicables y por sus normas de desarrollo.

c) Por los Reglamentos General de Recaudación y General de la Inspección de los Tributos y sus normas de desarrollo.

d) Por los tratados, acuerdos, convenios y demás normas internacionales o emanadas de Entidades internacionales o supranacionales, aplicables a dicha gestión.

e) Por las Leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco y de conformidad con la legislación a que se refieren los apartados anteriores.

f) Por la presente Ordenanza Fiscal General y por las restantes Ordenanzas particulares de la propia Excma. Diputación, o de los Ayuntamientos en el caso de los tributos cuya gestión hubiera sido objeto de delegación en favor de la misma. Todo ello de acuerdo con lo previsto en las normas citadas en los apartados anteriores.

g) Por las Instrucciones y Circulares que pueda dictar la Presidencia de la Diputación para la aplicación de esta Ordenanza General o de las Ordenanzas particulares correspondientes.

 

Título II: De la Gestión Tributaria

Capítulo I Conceptos Generales

Sección I: LOS TRIBUTOS. SUS CLASES

Artículo 5.- Tributos Provinciales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la ley 39/88 de 28 de diciembre, los tributos provinciales son:

1.- Tasas

2.- Contribuciones Especiales

3.- Recargos exigibles sobre los Impuestos de otras Entidades Locales.

Artículo 6.- Tributos Municipales delegados

Podrán ser objeto de delegación en la Excma. Diputación Provincial la gestión de los siguientes tributos:

•           Impuesto sobre Bienes Inmuebles

•           Impuesto sobre Actividades Económicas

•           Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

·                Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

•           Tributos y otros ingresos de derecho público de cobro periódico anual y de cobro no periódico.

En todo caso la gestión tributaria por delegación relativa a los tributos contemplados en este artículo, se realizará de acuerdo con el artículo 7 de la ley 39/88, con los convenios o acuerdos suscritos con los Ayuntamientos respectivos, y con las Instrucciones y Circulares que se puedan dictar por la Presidencia de la Diputación.

Sección II:  ELEMENTOS DE LA RELACION TRIBUTARIA

Artículo 7.- El hecho imponible

1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley y la Ordenanza Fiscal particular para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.

2. Cada Ordenanza Fiscal particular, de acuerdo con lo previsto en la ley, completará la determinación concreta del hecho imponible, causas de no sujeción así como las condiciones en que nace la obligación de contribuir. 

Artículo 8.- El sujeto pasivo

1. El sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, que según la Ley y la Ordenanza de cada tributo, resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
Nunca perderá su condición de contribuyente quién, según la Ley deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.

2. Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quién la ley y la Ordenanza Fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.

3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y de la Ordenanza Fiscal de un determinado tributo, en lugar de aquél esté obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.

4. La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda municipal, salvo que la Ley y la Ordenanza propia de cada tributo dispusiere lo contrario.

5. Los concesionarios de todas clases tendrán la condición de sujetos pasivos de los tributos municipales, salvo aquellos supuestos en que la Ordenanza específica de cada tributo los considere expresamente como no sujetos.

6. Tendrán la consideración de sujetos pasivos, salvo que la Ley y las Ordenanzas dispongan lo contrario, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

7.La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico privadas.

Artículo 9.- Obligaciones del sujeto pasivo

El sujeto pasivo está obligado a:
a) Pagar la deuda tributaria.
b) Formular cuantas declaraciones o comunicaciones se exijan para cada tributo, consignando en ellas el número de identificación fiscal establecido para personas físicas o jurídicas.
c) Tener a disposición de la Administración municipal o provincial los libros de contabilidad, registro y demás documentos que deba llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la Ley y según establezca, en cada caso, la correspondiente Ordenanza.
d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcionar a la Administración municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.
e) Declarar su domicilio fiscal y cambios en el mismo conforme a lo establecido en la Ley y esta Ordenanza Fiscal General.

Artículo 10º. Responsables del tributo

1. Las Ordenanzas Fiscales podrán declarar, de conformidad con la Ley, responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidaria o subsidiariamente.

2. Salvo norma legal en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. La responsabilidad alcanzará la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones; es decir a la cuota tributaria, recargos exigibles legalmente sobre bases o cuotas, interés de demora y recargos del artículo 61.3 de la Ley General Tributaria.
El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado en el párrafo tercero del apartado siguiente.

4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables, requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se dictamine su alcance.
Dicho acto les será notificado con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se determine, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal.
Transcurrido el período voluntario que se concederá al responsable para el ingreso, si no efectúa el pago, la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo al que se refiere el art. 127 de la Ley General Tributaria y la deuda le será exigida en vía de apremio.

5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios si los hubiere, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adaptarse dentro del marco legalmente previsto.

6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, esta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.

Artículo 11.- responsabilidad solidaria

1. En los supuestos de responsabilidad solidaria, a falta de pago del deudor principal y sin perjuicio de su responsabilidad, la Hacienda provincial podrá reclamar el pago de la deuda a los responsables solidarios; se entiende producida dicha falta de pago una vez transcurrido el período voluntario por el vencimiento del plazo a partir de la notificación en las deudas liquidadas por la Administración, o por el vencimiento del plazo de autoliquidación e ingreso en los casos de estar obligado a ello el sujeto. El procedimiento para exigirla será el establecido en el artículo 12 del Reglamento General de Recaudación.
2. En todo caso, responderán solidariamente de las obligaciones tributarias:
a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
b) Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, pero en proporción a sus respectivas participaciones respecto de las obligaciones tributarias de dichas entidades.


Artículo 12.- Responsabilidad subsidiaria

1. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse antes de esa declaración; siendo dictado por el Alcalde el acto administrativo de derivación de responsabilidad frente a ellos, una vez obre en su poder el expediente administrativo de apremio con la correspondiente declaración de fallido de los obligados principalmente al pago.

2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias:
a) Por las infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quiénes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieren posible tales infracciones.
b) Asimismo, en todo caso de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, los administradores de las mismas.
c) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
d) Quiénes sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones y actividades económicas a personas físicas, sociedades y entidades jurídicas, respondiendo de las deudas tributarias derivadas de su ejercicio, siempre que la certificación solicitada a la Administración de acuerdo a la normativa vigente se expida en el plazo de dos meses con contenido positivo.


Artículo 13.- Acción administrativa de derivación de la responsabilidad

1. Los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas tributarias siempre que el deudor principal haya sido declarado fallido conforme a lo dispuesto en el artículo 164 del Reglamento General de recaudación, y que exista acto administrativo de derivación de responsabilidad.

2. El acto administrativo de derivación de responsabilidad contra los responsables subsidiarios será dictado por el Presidente, una vez que obre en su poder el expediente administrativo de apremio con la declaración de fallido de los obligados principalmente al pago.

3. Para el caso en que esta  Diputación tenga delegada exclusivamente la Recaudación, la competencia para dictar el acto administrativo para la derivación de responsabilidad corresponderá al Alcalde del municipio.

4. Dicho acto, en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, será notificado a éste.

5. Si son varios los responsables subsidiarios y éstos lo son en el mismo grado, la responsabilidad de ellos será solidaria, salvo norma en contrario.

Artículo 14.- Transmisión de la deuda
 
1. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a sus herederos o legatarios a la muerte del sujeto, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia; aunque en ningún caso serán transmisibles las sanciones. La gestión recaudatoria continuará sin mas requisito que la constancia del fallecimiento y la notificación al sucesor requiriéndole el pago, de acuerdo al Reglamento General de Recaudación.

2. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellos solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

Artículo 15.- El domicilio fiscal

1. El domicilio fiscal será:

a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual siempre que esté situada en el Término municipal, en caso contrario, el domicilio podrá ser el que a tales efectos declaren expresamente, y si no lo declarasen, el de su residencia habitual aunque se encuentre fuera de aquél.

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que radiquen dicha gestión o dirección.


2. La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio fiscal, y si lo cambiaren deberán presentar declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efecto frente a la Administración hasta tanto se presente la citada declaración. La Administración podrá rectificar de oficio el domicilio fiscal de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.

3. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior constituirá infracción simple.

4. A efectos de la eficacia de las notificaciones se estará al último domicilio declarado.

5. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.
Las personas jurídicas residentes en el extranjero que desarrollen actividades en España tendrán sus domicilio fiscal en el lugar en que radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

Artículo 16.- Base imponible

Se entiende por base imponible:

a) La calificación del hecho imponible como módulo de imposición cuando la deuda tributaria venga determinada por cantidades fijas.

b) El aforo en unidades de cantidad, peso o medida del hecho imponible, sobre la que se aplicarán la tarifa pertinente para llegar a determinar la deuda tributaria.

c) La valoración en unidades monetarias del hecho imponible tenido en cuenta por la Administración Provincial, sobre la que una vez practicadas, en su caso, las reducciones determinadas en las respectivas Ordenanzas particulares, se aplicará el tipo pertinente para llegar a la determinación de la deuda tributaria.

La Ordenanza particular de cada tributo establecerá los medios y métodos para determinar el valor base de imposición.

Artículo 17.- Determinación de la base

En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los medios y métodos para determinar la base de gravamen dentro de los regímenes de estimación directa, objetiva singular e indirecta.

Artículo 18.- Base liquidable

Se entenderá por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas por la legislación aplicable, o las que, en base a la misma, establezca la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Artículo 19.- Reducciones, exenciones y bonificaciones

No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las concretamente autorizadas por la ley o, a su amparo, por las Ordenanzas Fiscales particulares.

Sección III: LA DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 20.- Determinación de la cuota tributaria

La cuota se determinará:

a) Según cantidad fija, señalada al efecto en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

b) Según tarifas establecidas en las Ordenanzas Fiscales particulares, que se aplicarán sobre la base imponible a que se refiere el artículo 9.b) de la presente Ordenanza.

c) Por aplicación a la base imponible prevista en el artículo 9.c), del tipo de gravamen proporcional o progresivo que corresponda.

d) Globalmente en las contribuciones especiales para el conjunto de los obligados a contribuir, por el porcentaje del coste de las obras e instalaciones que se imputa al interés particular, con un máximo del 90% del coste que la Diputación soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Dicho coste global se distribuirá por partes alícuotas entre los sujetos pasivos, conforme a módulos de reparto que se fijarán en la respectiva Ordenanza.

Artículo 21.- La Deuda Tributaria

La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la Administración Provincial y está integrada por:

a) La cuota tributaria.

b) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya sean a favor de la Tesorería Provincial o de otros Entes Públicos.

c) Los recargos previstos en el apartado 3 del artículo 61 de la Ley General Tributaria.

d) El interés de demora que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezcan otro diferente.

e) El recargo de apremio.

f) Las sanciones pecuniarias.

Artículo 22.- Extinción de la deuda tributaria

La deuda tributaria se extingue:

a) Por el pago o cumplimiento.

b) Por la prescripción.

c) Por compensación.

d) Por condonación.

e) Por insolvencia probada o paradero desconocido del deudor, en los términos previstos en los artículos 87 a 89 de la presente Ordenanza.

Artículo 23.- El pago

El pago de los tributos a los que le es de aplicación la presente Ordenanza General se regulará, en cuanto a medios, modo, forma, plazos y demás extremos que suscite, por los artículos 70 a 86 de esta Ordenanza.

Artículo 24.- Prescripción

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración Provincial para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, desde la fecha en que finalice el período voluntario.

c) La acción para imponer sanciones tributarias, desde la fecha en que se cometieron las respectivas infracciones.

d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos, contado desde el día en que se realizó dicho ingreso indebido.

Artículo 25.- Interrupción de la prescripción

1. Los plazos de prescripción a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo anterior, se interrumpen:

a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda tributaria.

En todo caso, las notificaciones practicadas en la forma regulada en los Art. 36 y 37 de esta Ordenanza tienen valor interruptivo de la prescripción.

2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo anterior se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido, o por cualquier acto de la Administración Provincial en que se reconozca su existencia.

3. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.

4. La prescripción será declarada mediante Resolución de la Presidencia, tanto para los ingresos propios de Diputación como para los de aquellas entidades que hubiesen delegado la gestión. Para aquellos supuestos en los que solo se halla delegado la recaudación, se hará propuesta de prescripción por la Presidencia de Diputación al tesorero de la Entidad delegante, para la adopción del acuerdo oportuno.

5. La prescripción generada lo es por igual para el sujeto pasivo y para los demás responsables, suponiendo la extinción de la deuda tributaria.

6. Producida la interrupción de la prescripción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo para la misma a partir de la fecha de la última actuación del sujeto pasivo u obligado al pago, o de la Administración.

Artículo 26.- Compensación

Las deudas a favor de la Hacienda Provincial que se encuentran en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos por la Diputación a favor del deudor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 83 a 86 de la presente Ordenanza.

Artículo 27.- Condonación

1. Las deudas sólo podrán ser objeto de condonación en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la ley que la otorgue.

Capítulo II: NORMAS DE GESTION

Sección I: NORMAS COMUNES

Artículo 28.- Principios Generales

1. La Diputación Provincial de Granada desarrolla la gestión de los tributos propios y demás ingresos de derecho público y de aquellos tributos y, asimismo, otros ingresos de derecho público, cuya gestión haya sido delegada por parte de los Municipios de la Provincia, en aquellas competencias o atribuciones que en el correspondiente convenio o acuerdo hayan sido objeto de delegación.

2. La gestión de tributos y demás ingresos de derecho público será dirigida, bajo la superior competencia del Pleno Corporativo, por el Presidente de la Diputación.

3. La gestión de tributos, comprende todas las actuaciones necesarias para la determinación y liquidación de la deuda tributaria, además de aquellas conducentes a su recaudación.

4. Aquellas  cuya gestión haya sido delegada a la Diputación provincial se encomendarán al Organismo Autónomo Servicio Provincial de Recaudación.

5. La gestión e inspección de los tributos propios o cuya gestión haya sido delegada, se realizará conforme a lo determinado en la ley 39/88 reguladora de las Haciendas locales, Ley General Tributaria y demás normativa estatal reguladora de la materia.

6. Los actos de la determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción de legalidad que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o anulación practicadas de oficio o mediante los recursos pertinentes.

7. Será competencia de la Presidencia de la Diputación dictar los actos administrativos que correspondan en el ejercicio de las facultades de gestión contenidas en este artículo, salvo en aquellos casos que por las normas de carácter general u Ordenanzas reguladoras se atribuya la competencia a otro órgano.

Artículo 29.- Competencias del Pleno

Serán competencias del Pleno de la Diputación en materia de gestión tributaria las siguientes:

1. Aprobación de convenios o acuerdos con otras Entidades públicas de delegación de competencias en materia de gestión tributaria.

2. Aprobación de Ordenanzas fiscales y las reguladoras de otros ingresos de derecho público.

3. Las demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las Ordenanzas reguladoras.

Artículo 30.- Competencias del Presidente de la Diputación.

Serán competencias del Presidente de la Diputación en materia de gestión tributaria las siguientes:

1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar el Servicios de Gestión e Inspección Tributaria.

2.- Dictar Instrucciones y Circulares de aplicación de las Ordenanzas aprobadas por el Pleno Provincial.

3.- Aprobación de Padrones o Matrículas de los tributos y demás ingresos de cobranza periódica -contraído previo, ingreso por recibo-.

4.- Aprobación de liquidaciones relativas a tributos y demás ingresos de derecho público de cobranza no periódica -contraído previo ingreso directo-.

5.- Resolución de recursos de reposición contra actos de gestión de estos tributos y demás procedimientos de revisión, cuya competencia no esté reservada al Pleno, con la fiscalización de la Intervención y previos los informes de los Servicios Tributarios correspondientes.

6.- Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

7.- Concesión de Beneficios Fiscales de acuerdo con lo previsto en cada caso por la Ley 39/88 y sus normas de desarrollo.

8.- Resolución de los expedientes sancionadores tramitados por infracciones tributarias.

9.- La posible aprobación de un calendario fiscal para los tributos de cobro periódico.

10.- Los demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las Ordenanzas Reguladoras.

Artículo 31.- Iniciación de la gestión

La gestión de tributos se iniciará:

a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo

b) De oficio

c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos

Artículo 32.- Declaración tributaria

1. Se considera declaración tributaria todo documento por el que se manifiesta o reconozca que se han dado las circunstancias o elementos de un hecho imponible.

2. La declaración deberá presentarse dentro de los plazos determinados en cada Ordenanza particular y, en general, dentro del plazo de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se produzca el hecho imponible. La no presentación dentro del plazo será considerada como infracción tributaria y sancionada como tal según las reglas contenidas en esta Ordenanza y en la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias.

3. En la declaración deberán constar los datos necesarios para la determinación de la deuda, de acuerdo con lo establecido al respecto en las Ordenanzas particulares. En todo caso los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar su Número de Identificación Fiscal en las mismas y en cualquier otra comunicación o escrito de trascendencia tributaria a presentar ante la Administración Provincial.

4. Por la Administración Provincial se podrán facilitar los correspondientes impresos de declaración que en cada caso sean necesarios. Además se podrán recabar declaraciones y ampliación de éstas, así como la subsanación de los defectos advertidos en cuanto fuesen necesarios para la liquidación del tributo y su comprobación.

Artículo 33.- Consultas tributarias 

1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular consultas debidamente documentadas, en relación con los recursos propios o con las competencias delegadas en recursos ajenos que gestione la Diputación. La contestación tendrá el carácter de mera información y no de acto administrativo, no vinculando a la Administración Provincial, salvo los supuestos previstos en la Ley.

2. No obstante, el sujeto pasivo que, tras haber formulado la consulta y dentro de plazo, hubiese cumplido las obligaciones tributarias de acuerdo con la contestación del órgano competente, no incurrirá en responsabilidad, siempre que reúna los siguientes requisitos:

a) Que comprenda todos los antecedentes y circunstancias necesarias para la formación del juicio de la Administración.

b) Que aquellos no se hubieren alterado posteriormente.

c) Que se hubiere formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración.

3. La competencia para evacuar consultas corresponderá al Servicio Provincial de Recaudación.

Artículo 34.- Instrucciones y Circulares de la Presidencia

La Presidencia de la Diputación podrá dictar previo informe de Secretaría o Intervención, según proceda, Instrucciones y Circulares sobre las Ordenanzas Provinciales reguladoras de los tributos e ingresos de derecho público, a los efectos de facilitar su comprensión y aplicación.

Artículo 35.- Liquidaciones

1.- Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará mediante la práctica de la liquidación para determinar la deuda tributaria. Las liquidaciones serán provisionales o definitivas.

2.- Tendrán la consideración de definitivas:

a) Las practicadas previa comprobación administrativa, del hecho imponible y de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional.

b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo señalado para cada tributo en sus normas de aplicación, sin perjuicio de la prescripción.

3.- En los demás casos las liquidaciones tendrán carácter provisional, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.

Artículo 36.- Notificación de liquidaciones

1.- Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:

a) De los elementos esenciales de aquellos.

b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos.

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

2.- Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante Resolución del Presidente y notificarse al interesado en forma reglamentaria.

3.- En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de la base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.

4.- En aplicación de lo previsto en el artículo 124-4 de la Ley General Tributaria, la Diputación podrá disponer en que supuestos no será preceptiva la notificación expresa, siempre que así lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.

Artículo 37.- Práctica de notificaciones

1.- Las notificaciones con el contenido descrito en el artículo anterior se dirigirán al domicilio fiscal del interesado, en su caso, al señalado para recibirlos por el propio interesado y, en defecto de ambos, al que conste como tal a esta Administración.

2.- Las notificaciones se practicarán por los medios y con los requisitos establecidos por las normas fiscales y procedimentales de carácter general.

Artículo 38.- Padrones o Matrículas

1.- Podrán ser objeto de Padrón o Matrícula los tributos y demás ingresos de derecho público, en los que por su naturaleza se produzca continuidad del hecho imponible, así como aquellos para los que lo determine expresamente su Ordenanza Fiscal particular y, por lo tanto, den origen a unas liquidaciones que se devengan con periodicidad preestablecida y se cobran asimismo periódicamente mediante recibo.

2.- Dichos Padrones o Matrículas tendrán la consideración de registro permanente y público de tal forma que una vez constituido, todas las altas, bajas y modificaciones al mismo deberán ser aprobadas en virtud de Resolución de la Presidencia y notificadas formalmente a los sujetos pasivos, con excepción de aquellos supuestos que deriven de la Ley, de la presente Ordenanza General y de la propia Ordenanza Fiscal particular.

3.- Los contribuyentes están obligados, en los términos que se prevean en la normativa reguladora de cada tributo, a poner en conocimiento de la Administración Provincial toda modificación que pueda originar alta, baja o alteración del Padrón. En defecto de regulación expresa en cada caso, el plazo para comunicar dichas alteraciones será de 30 días.

4.- Los Padrones o Matrículas de tributos propios de la Diputación serán objeto de aprobación por la Presidencia, con la periodicidad que corresponda, y posteriormente objeto de notificación colectiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 29-3) de la presente Ordenanza.

Artículo 39.- Períodos voluntarios de cobranza

1. El plazo de ingreso voluntario de las deudas tributarias se contará, según los casos, desde los siguientes momentos:
a) La notificación personal al sujeto pasivo de la liquidación, cuando se practique individualmente.
b) La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos de cobro periódico que son objeto de notificación colectiva.
c) Desde la fecha de inicio del plazo para declarar en el supuesto de autoliquidación, al coincidir plazo de presentación y de ingreso voluntario.

2. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro de los plazos siguientes:
A) Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, deberán pagarse:

a) Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, dentro del plazo anunciado en los edictos de cobranza que se publiquen de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.
d) Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determinados en los mismos.

B) Las deudas tributarias que deban pagarse mediante autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tributo.

C) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuáles tales deudas se exijan y, en su defecto, en los plazos establecidos en los distintos apartados del párrafo primero de este precepto.

Sección II: NORMAS ESPECIALES DE GESTION RELATIVAS A TRIBUTOS MUNICIPALES EN QUE LA MISMA HAYA SIDO DELEGADA A LA DIPUTACION PROVINCIAL.

Artículo 40.- Alcance de la delegación en la gestión

1.- El alcance de la delegación en la gestión de los Ayuntamientos de la Provincia en favor de la Diputación respecto de los tributos previstos en el artículo 6 de la presente Ordenanza, vendrá delimitado por los correspondientes convenios o acuerdos a través de los cuales se formalice dicha delegación, sin perjuicio de lo previsto en la presente Ordenanza y en las Instrucciones y Circulares que pueda dictar en aplicación de la misma, el Presidente de la Diputación.

2.- Con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la delegación podrá alcanzar las siguientes competencias de gestión:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones

b) Liquidación de la deuda tributaria, periódica o no

c) Formación y aprobación del Padrón o Matrícula de cada tributo y tramitación de las altas, bajas y modificaciones al mismo

d) Emisión de los documentos de cobro, incluidos los de ingreso directo

e) Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y pago del importe resultante

f) Resolución de recursos que se interpongan contra estos actos de gestión

g) Asistencia e información al contribuyente en esta materia

h) Establecer convenios con la Administración Tributaria del Estado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 78.1 y 92.3 de la ley 39/88 en materia de colaboración e inspección.

3.- Los convenios o acuerdos a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo, serán publicados por el Boletín Oficial de la Provincia, una vez suscritos por las Entidades Públicas correspondientes.

Artículo 41.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles

1.- El Padrón Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se elaborará por el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, en base al Padrón Catastral formado por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad desde el día primero del año siguiente.

3.- A efectos de determinar las cuotas tributarias que deben figurar en el Padrón, se aplicarán los tipos impositivos aprobados por cada Ayuntamiento en la Ordenanza Municipal respectiva y, en su caso, el coeficiente de actualización de valores catastrales aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 42.- Impuesto sobre Actividades Económicas

1.- El Padrón Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas se elaborará por el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, en base a la matrícula de contribuyentes formada por la Administración Estatal.

2.- Sobre las cuotas mínimas, fijadas por la Administración Estatal, se aplicarán el coeficiente modificador e índices de situación, aprobados por cada Ayuntamiento en la Ordenanza Municipal respectiva, al amparo de lo que autorizan los artículos 88 y 89 de la ley 39/88.

3.- Asimismo se incorporará el recargo provincial sobre las cuotas mínimas previsto en el artículo 124 de la ley 39/88, de acuerdo con el porcentaje establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora aprobada por la Diputación.

Artículo 43.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

1.- El Padrón Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se formará por el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, en base al Padrón del año anterior, incorporando las altas, transferencias, cambios de domicilio y bajas originadas en el ejercicio inmediatamente anterior.

2. Será sujeto pasivo del impuesto, la persona física o jurídica que figure como titular del vehículo en el Registro Central de Tráfico, debiendo tributar en el Municipio que consta como lugar de residencia en el permiso de circulación.

3.- A efectos de determinar las Tarifas a que se refiere el Art. 96 de la ley 39/88, se considerará potencia fiscal del vehículo la resultante de aplicar la fórmula establecida por el anexo V del Reglamento General de Circulación (RD 2822/1998 de 23 de diciembre).

4.- Para obtener la deuda tributaria que constará en el Padrón, sobre las tarifas citadas en el punto anterior se aplicará el coeficiente de incremento aprobado en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento correspondiente.

5.- Para solicitar en la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular, la transferencia, el cambio de domicilio o la baja de un vehículo, el interesado deberá acreditar previamente el pago del impuesto mediante la presentación de la Carta de Pago, debidamente diligenciada, acreditativa del ingreso efectuado. La Carta de Pago, en su caso, será la correspondiente al último recibo puesto al cobro por la Corporación.

6.- Las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del Art. 94 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, deberán ser solicitadas por los interesados, indicando las características del vehículo, causa del beneficio y acompañando los documentos acreditativos de su derecho. El procedimiento a seguir para su concesión será aprobado por el Presidente de la Corporación.

7.- Por Resolución de Presidencia se aprobará el modelo de declaración-liquidación a utilizar por los contribuyentes para formalizar el alta en el Impuesto.

8.- En tanto no se dicten las disposiciones reglamentarias a que se refiere el número 3 del artículo 96 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el concepto de las diversas clases de vehículos se determinará conforme a lo establecido en el Reglamento General de Circulación (RD 2822/1998 de 23 de diciembre), en las normas tributarias y en las reglas que a continuación se establecen:

1ª) Las FURGONETAS tributarán como TURISMO, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:

a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como AUTOBUS.

b) Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil, tributará como CAMION.

2ª) Los MOTOCARROS tendrán la consideración, a los efectos de este Impuesto, de CAMION.

3ª) En el caso de los VEHICULOS ARTICULADOS tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados.

4ª) Las MAQUINAS AUTOPROPULSADAS que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los TRACTORES.

Artículo 44.- Aprobación de Padrones

1.- Los Padrones fiscales anuales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica elaborados por el Servicio de Gestión Tributaria, serán aprobados por el Presidente de la Diputación.

2.- Copia de los Padrones aprobados se remitirá a los Ayuntamientos.

3.- Los Padrones serán objeto de fiscalización por la Intervención de la Diputación. El procedimiento de fiscalización a seguir se ajustará a lo establecido en la normativa aplicable y en las Bases de Ejecución del Presupuesto para cada ejercicio.

Artículo 45.- Liquidaciones ingreso directo IBI, IAE e IVTM

1.- En relación a los tributos de cobro periódico, a que se refiere el artículo 33 de la presente Ordenanza, se practicará liquidación de ingreso directo cuando:

a) Por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden originar la obligación de contribuir.

b) La Diputación, a través de los Servicios de Gestión e Inspección Tributaria, conozca por primera vez la existencia del hecho imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin perjuicio de los recargos, intereses de demora y sanciones que pudieran corresponder.

c) Se han producido modificaciones en los elementos esenciales del tributo distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la variación de tipos y coeficientes recogida en las Ordenanzas Fiscales.

2.- La aprobación de las liquidaciones de ingreso directo compete al Presidente de la Diputación, a propuesta de los Servicios de Gestión e Inspección Tributaria con la fiscalización de la Intervención de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa aplicable y en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

3.- Las liquidaciones serán notificadas individualmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 124 de la Ley General Tributaria y los artículos 29 y 30 de la presente Ordenanza General.

4.- El período voluntario de cobranza será para estos impuestos objeto de gestión delegada el previsto en el artículo 32 de la presente Ordenanza.

Sección III: PROCEDIMIENTO DE REVISION

Artículo 46.- Interposición de recursos

1.- Contra los actos administrativos dictados en vía de gestión podrán interponerse ante la Presidencia de la Diputación recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la notificación expresa o la notificación colectiva de los correspondientes Padrones Fiscales.

En este último caso, el plazo comenzará a contarse desde el día inmediato siguiente al del término del período de exposición pública del Padrón Fiscal.

2.- Contra la denegación del recurso de reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con la normativa vigente.

3.- Para interponer el recurso de reposición contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable solicitar dicha suspensión, acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión instada. A tal efecto, no se admitirán otras garantías, a elección del recurrente, que las siguientes:

a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, o en su caso, en la Corporación o Entidad interesada.

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco o banquero registrado oficialmente, por una Caja de Ahorros Confederada, Caja Postal de Ahorros o por Cooperativa de Crédito calificada. El aval deberá de estar inscrito en el Registro de Avales que cada entidad de depósito y crédito debe mantener.

c) Fianza provisional o solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad de reconocida solvencia, sólo para débitos inferiores a 250.000 pesetas.

La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla y sólo producirá efectos en el recurso de reposición.

4.- Se entenderá que el aval o la fianza solidaria prestada por Banco o Caja de Ahorros está constituida a satisfacción de la Diputación, cuando reúna los siguientes requisitos:

a) Que exprese la deuda o deudas tributarias que se afianzan, identificando al sujeto pasivo u obligado al pago.

b) Que garantice la totalidad de la deuda tributaria. Igualmente, se garantizarán los intereses de demora por todo el tiempo de la suspensión, mediante una expresión que así lo determine.

c) La garantía se constituirá a disposición del Presidente de la Diputación y tendrá una duración ilimitada, aún cuando sus efectos se limitarán al período de tramitación del recurso de reposición.

6.- Cuando la garantía ofrecida fuese insuficiente, se requerirá al administrado para que en el plazo de 10 días subsane los defectos que se aprecien. Si la garantía resulta insuficiente y no se subsanan los defectos de que adolezca, se adoptará igualmente la resolución que así lo determine y continuará el trámite de ejecución.

7.- Resuelto el recurso de reposición y admitido totalmente el mismo, se declarará liberada la garantía.

8.- Si el recurso fuese desestimado total o parcialmente, se practicará, en su caso, la correspondiente liquidación, así como la de los intereses devengados por todo el tiempo que durase la suspensión, para que sea ingresada por el obligado al pago en el plazo señalado en el artículo 32 de la presente Ordenanza Fiscal. De no hacerse efectivo dicho pago se procederá a hacer efectiva la garantía constituida.

9.- Por el hecho de presentar la solicitud de suspensión se entenderá acordada ésta con carácter preventivo, hasta que el órgano competente resuelva sobre su concesión o denegación, lo que debe realizarse en el plazo de diez días siguientes a la presentación en el registro de la petición de suspensión y garantía que, en todo caso, deberá presentarse en documento original.

Artículo 47.- Procedimientos especiales de revisión

1.- Corresponderá al Pleno de la Diputación, sin perjuicio de las facultades de delegación en la Comisión de Gobierno provincial, la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los siguientes casos:

a) Declaración de nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo de Estado, en los supuestos previstos en el artículo 153 de la Ley General Tributaria.

b) Los actos que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se estime que infringen manifiestamente la ley.

c) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración Provincial al dictar el acto objeto de revisión.

2.- Si la Diputación quisiera anular sus actos declarativos de derechos por motivos diferentes de los recogidos en los apartados anteriores, para su revisión se requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa. La competencia para dicha declaración corresponderá al Pleno, sin perjuicio de las facultades de delegación en la Comisión de Gobierno provincial.

Artículo 48.- Rectificación de errores materiales

1.- La Diputación rectificará de oficio o a instancia del interesado en cualquier momento, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.

2.- Tramitado el expediente en que se justifique la necesidad de proceder a la rectificación, el servicio tributario correspondiente formulará propuesta de acuerdo rectificatorio, que deberá ser aprobada por el mismo órgano que dictó el acto objeto de rectificación.

Artículo 49.- Devolución de ingresos indebidos.

3.- La competencia para resolver el expediente corresponde al Presidente de la Diputación.

Sección IV: INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 50.- Procedimiento sancionador

1.- El procedimiento para la imposición de sanciones se iniciará mediante moción o propuesta motivada del funcionario competente o del titular de la Unidad Administrativa en que se tramite el expediente, o a través de actos y diligencias de la Inspección de Tributos.

2.- A los expedientes sancionadores se unirán los informes y pruebas que se estimen oportunos para su resolución.

3.- Antes de la resolución correspondiente, se dará audiencia a los interesados en el expediente sancionador para que aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los documentos, justificaciones y pruebas, para lo que se pondrá de manifiesto el expediente durante quince días.

4.- Los expedientes de la Inspección se tramitarán de acuerdo con su normativa específica, en cuanto audiencia y puesta de manifiesto de las actuaciones.

5.- El Presidente de la Corporación es el órgano competente para acordar e imponer las sanciones tributarias.

Artículo 51.- Infracciones graves

Las infracciones tipificadas como graves serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en la legislación general tributaria del Estado, en la reguladora de las haciendas de las Entidades Locales y, en su caso, por las Ordenanzas Fiscales de cada tributo.

Artículo 52.- Infracciones simples

1.- Los casos tipificados como infracciones tributarias simples serán sancionados por cada uno de los hechos u omisiones. Los siguientes hechos u omisiones serán sancionados con las cuantías que a continuación se detallan:

a) Por no atender los requerimientos formulados por esta Administración.

•                   Primer requerimiento no atendido: 25.000 ptas.

•                    Segundo requerimiento no atendido: 50.000 ptas.

•                   Tercer y sucesivos requerimientos no atendidos:100.000 ptas.

•                   Entre los supuestos previstos en este punto no se considera incluido el no atender a una citación de la inspección de los tributos.

b) Se considerará de especial trascendencia para la gestión de los tributos locales la falta de presentación de declaraciones tributarias, sancionándose con multa de 25.000 ptas. la falta de presentación de cada declaración.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de que, por aplicación de lo establecido en el artículo 83 y de los criterios de graduación previstos en el artículo 82 de la Ley General Tributaria y normas concordantes, puedan proceder sanciones de importe superior.

2.- Las infracciones simples no contempladas en este artículo se sancionarán con arreglo a lo dispuesto a la Ley General Tributaria y demás disposiciones complementarias.

Título III: De la Inspección de Tributos

Capítulo I: LA INSPECCION DE TRIBUTOS

Artículo 53.- La inspección de los tributos

1. La Diputación podrá establecer un Servicio de Inspección Tributaria, dependiente del Organismo Autónomo Servicio Provincial de Recaudación, que tendría encomendada por los Ayuntamientos la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos por el Impuesto de Actividades Económicas para verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.

2. En ejercicio de tales facultades, le corresponde realizar las siguientes funciones:

a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración y su consiguiente atribución al sujeto pasivo u obligado tributario.

b) Comprobación de declaraciones para determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas.

c) Practicar, en su caso, las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

d) Realizar aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los sujetos pasivos, particulares en general o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación del tributo.

e) Todas las demás actuaciones dimanantes del régimen de delegación o colaboración autorizado por la Administración Tributaria del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 566/92, de 29 de mayo, en la Orden de 10 de junio de 1992 y demás disposiciones concordantes, especialmente las conducentes a conseguir un censo completo y depurado del Impuesto sobre Actividades Económicas.

f) Aquellas otras, no especificadas en el presente artículo, previstas como funciones propias de la Inspección de los Tributos, en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 54.- Personal inspector

1. Las Actuaciones de comprobación e investigación a que se refiere el artículo anterior se realizarán por los funcionarios del Servicio de Inspección Tributaria, bajo la inmediata supervisión de quien ostente su Jefatura.

2.- No obstante, actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria, podrán encomendarse a otros empleados públicos que no ostenten la condición de funcionarios.

3. El personal inspector para su acreditación dispondrá de una tarjeta de identidad, aprobada y suscrita por el Presidente de la Corporación.

4. Los funcionarios de la Inspección Tributaria, en el ejercicio de las funciones inspectoras, serán considerados Agentes de la autoridad, a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentados o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo.

Capítulo II : PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

Artículo 55.- Clases de actuaciones

1. Las actuaciones inspectoras podrán ser:

a) De comprobación e investigación.

b) De obtención de información con trascendencia tributaria.

c) De valoración.

d) De informe y asesoramiento.

2. En las actuaciones de valoración, la Inspección de Tributos podrá solicitar la colaboración de funcionarios técnicos al servicio de la Diputación, que comprobarán e informarán sobre aquellas materias propias del título que ostentan, en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas.

3. El alcance y contenido de todas las actuaciones es el definido para las mismas en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y demás disposiciones que sean de aplicación, todo ello referido, exclusivamente, al Impuesto sobre Actividades Económicas.

4. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios del Servicio de Inspección Tributaria del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación, respecto a los Ayuntamientos delegantes, en todo el ámbito territorial de la Provincia.

5. El ejercicio de las funciones propias de la Inspección Tributaria se adecuará a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, elaborados por el Servicio, refrendados por el Presidente de la Corporación y coordinados, en su caso, con otras actuaciones de colaboración ejecutadas por la Administración Estatal.

Artículo 56.- Lugar y tiempo de las actuaciones

1. Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse indistintamente:

a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal o en aquél donde el representante que hubiese designado a tal efecto tenga su domicilio, despacho u oficina.

b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.

c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.

d) En las Oficinas Públicas de la Diputación Provincial o del Ayuntamiento.

2. La Inspección determinará en cada caso el lugar donde hayan de desarrollarse sus actuaciones, haciéndolo constar en la comunicación correspondiente.

3. El tiempo de las actuaciones se determinará por lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y demás disposiciones concordantes.

4. Los obligados tributarios podrán actuar por medio de representante, que deberá acreditar tal condición, entendiéndose en tal caso realizadas las actuaciones correspondientes con el sujeto pasivo u obligado tributario.

Artículo 57.- Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras

1. Las actuaciones de la Inspección podrán iniciarse:

a) Por propia iniciativa de la misma, atendiéndose al plan previsto al efecto.

b) En virtud de denuncia pública.

c) A petición del obligado tributario.

2. En los casos previstos en las letras b) y c) anteriores la Jefatura de Inspección ponderará y valorará la conveniencia de la realización de la misma.

3. Las actuaciones de la Inspección se podrán iniciar mediante comunicación notificada o personándose sin previa notificación, y se desarrollarán con el alcance, facultades y efectos que establece el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

4. El personal inspector podrá entrar en las fincas, locales de negocio y demás lugares en que se desarrollen actividades sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación o se produzcan hechos imponibles, cuando se considere preciso en orden a la práctica de la actuación inspectora.

5. Las actuaciones inspectoras deberán proseguir hasta su terminación, pudiendo interrumpirse por moción razonada de los actuarios, que se comunicará al obligado tributario para su conocimiento.

6. Las actuaciones de la Inspección se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas. Estos documentos tendrán las funciones, finalidades y efectos que para ellos establece el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, entendiéndose a estos efectos que las referencias que figuran al Inspector-Jefe, lo son al Jefe de Inspección Tributaria de la Diputación Provincial, excepto en lo que se refiere a la aprobación de actos administrativos derivados de las actuaciones inspectoras, cuya competencia corresponderá, en todo caso, al Presidente de la Corporación.

Título IV: Recaudación

Capítulo Preliminar: DISPOSICIONES GENERALES

Sección I: DE LA GESTION RECAUDATORIA DE LA DIPUTACION

Artículo 58.- Concepto

La gestión recaudatoria de la Diputación Provincial de Granada consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de derecho público de los que sea titular la propia Diputación; y de los créditos de igual naturaleza de titularidad de otros Entes Públicos de la provincia, previa delegación de las competencias respectivas, y firma del correpondiente convenio, en su caso.

Artículo 59.- Períodos de recaudación

1.- La gestión recaudatoria se realizará en dos períodos: voluntario y ejecutivo.

2.- En período voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos señalados en el artículo 70 de esta Ordenanza.

3.- En período ejecutivo con fundamento en la existencia de un acto declarativo previo, liquidación notificada y del título suficiente, la recaudación se efectuará coercitivamente, por vía de apremio sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en período voluntario.

Artículo 60.- Gestión recaudatoria

1.- La gestión recaudatoria de la Diputación se llevará a cabo, tanto en período voluntario como en el ejecutivo, por sus propios órganos y servicios.

2.- Los órganos de recaudación de la Diputación podrán asumir la gestión recaudatoria de los recursos de otras Administraciones Públicas, previa la adopción del correspondiente acuerdo y, si procede, la firma de convenio.

3.- Igualmente, la Diputación, podrá adoptar acuerdo para que su gestión recaudatoria se realice por otras Administraciones Públicas, suscribiendo, si fuese preciso, el correspondiente convenio.

4.- Los convenios o acuerdos a los que se refieren los apartados 2 y 3, serán publicados en el Boletín Oficial de La Provincia, una vez suscritos por las Entidades Públicas correspondientes.

Artículo 61.- Competencia territorial

1.- La competencia del Servicio de Recaudación se extiende a todo el ámbito territorial de la Diputación.

2.- Las Oficinas Recaudatorias serán competentes, en el territorio de su demarcación, para la realización de la gestión recaudatoria.

3.- El ámbito territorial de cada una de las Oficinas Recaudatorias será el que figura en Anexo a esta Ordenanza.

Artículo 62.- Objeto

1.- La gestión recaudatoria de la Diputación, tendrá por objeto la cobranza de los siguientes recursos:

a) Los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones especiales.

b) Ingresos de Derecho Público no tributarios: multas, sanciones, precios públicos y demás ingresos de derecho público que deba percibir la Diputación.

c) Ingresos por recargos e intereses que procedan sobre los conceptos enumerados anteriormente.

d) Los recursos enumerados en los apartados anteriores correspondientes a Corporaciones Locales y otros Entes que hayan convenido o delegado la función recaudatoria en la Diputación.

e) Asimismo se podrá recaudar cualquier  ingreso de derecho público de cualquier entidad que así lo acuerde con la Diputación.

2.- Esta gestión recaudatoria y los medios para llevarla a cabo, no se aplicará respecto de aquellos frutos, rentas, productos de los bienes muebles e inmuebles de la Diputación o de los entes convenidos o delegados, a los cuales sean de aplicación las reglas del Derecho privado.

Sección II: ORGANOS RECAUDADORES DE LA DIPUTACION Y SUS COMPETENCIAS

Artículo 63.- Organos de dirección

La gestión recaudatoria a que se refiere el artículo 58, será dirigida bajo la superior competencia del Pleno Corporativo, por el Presidente de la Diputación.

Las competencias de estos órganos serán las que se establecen en esta Ordenanza.

Artículo 64.- Órganos de recaudación y entidades colaboradoras

1.- Son órganos de recaudación de la Diputación provincial:

a) La Tesorería General.

b) El Servicio de Recaudación.

Sus competencias respectivas serán las fijadas en la presente Ordenanza.

2.- Son colaboradores en la recaudación de la Diputación, las Entidades de depósito que sean autorizadas para ejercer dicha colaboración, las que no tendrán en ningún caso el carácter de órganos de recaudación.

Artículo 65.- Competencias del Pleno

Corresponden al Pleno las siguientes competencias:

a) Plantear tercerías de mejor derecho, cuando existan anotaciones de embargo o consten derechos inscritos por terceros, con anterioridad a la anotación solicitada por la Recaudación sobre los mismos bienes, en el Registro de la Propiedad y de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento.

b) Acuerdos o convenios en procedimientos concursales.

c) Adoptar acuerdos y, en su caso, aprobar los convenios para la prestación del Servicio recaudatorio con otras Entidades Públicas que lo soliciten.

d) Las demás competencias que en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y demás disposiciones aplicables sobre la materia, se señalen como de órganos estatales superiores en rango a la Dirección del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, u Organos a los que se adscriban en un futuro sus competencias, así como las que expresamente le confieren las leyes.

Artículo 66.- Competencias del Presidente

Corresponden al Presidente las siguientes competencias:

a) Aprobar los documentos de constitución de fianzas de los Recaudadores y del Personal de Recaudación, y resolver solicitudes de sustitución y expedientes de ampliación o minoración de tales garantías.

b) Restablecer el imperio de la ley en los procedimientos de apremio decretando la nulidad de las actuaciones posteriores al momento en que se haya cometido la infracción.

c) Dictar actos o resoluciones de gestión cuando los mismos no estén atribuidos a otro órgano.

d) Establecer y modificar los períodos de ingreso de las deudas.

e) Dictar los actos administrativos de declaración de responsabilidad solidaria y subsidiaria, así como de responsabilidad por adquisición de explotaciones y actividades económicas.

f) Planteamiento de tercerías de mejor derecho, en situaciones de urgencia, cuando existan anotaciones de embargo o consten derechos inscritos por terceros, con anterioridad a la anotación solicitada por la Recaudación sobre los mismos bienes en el Registro de la Propiedad y de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, dando cuenta al Pleno en la primera Sesión que celebre.

g) Aceptar o acordar la constitución de Hipoteca Especial.

h) Conferir autorización como Entidades colaboradoras a las Entidades de Depósito.

i) Acordar la Concesión y resolución de las peticiones de fraccionamiento y aplazamiento, y eximir, excepcionalmente, la constitución de garantías.

j) Declaración de prescripción de deudas tanto en expedientes individuales como colectivos.

k) Acordar la compensación de deudas.

l) Acordar la declaración de créditos incobrables y la rehabilitación de fallidos.

m) Plantear conflictos de jurisdicción.

n) Solicitar información de movimientos de cuentas en entidades de crédito.

ñ) Declarar la responsabilidad solidaria del depositario de bienes embargados.

o) Imposición de sanciones por incumplimiento de peticiones de información.

p) Autorizar la venta de bienes por concurso.

q) Otorgar escrituras de venta de inmuebles que resulten enajenados como consecuencia del procedimiento de apremio, y resolución de tercerías en reclamaciones en vía administrativa.

r) Resolución de reclamaciones en queja contra defectos de tramitación, por los órganos y agentes en el ejercicio de la función recaudatoria, tales como incumplimientos, retrasos y otras anomalías.

s) Aprobar la adjudicación de bienes a la Administración.

t) Acordar, a propuesta del Tesorero, que se encarguen de la ejecución material de la subasta, empresas o profesionales especializados.

u) La modificación del ámbito territorial de las Oficinas Recaudatorias, señalado en el Anexo a esta Ordenanza de Recaudación.

v) Todas las que, no indicadas en este apartado, se señalan en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y demás disposiciones aplicables sobre la materia como del Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda u Organos a los que se adscriban en un futuro sus competencias.

Artículo 67.- Competencias del Tesorero

Corresponden al Tesorero las siguientes competencias:

a) Dirigir la gestión recaudatoria.

b) Elaborar y autorizar los Edictos anunciando el período de cobro.

c) Dictar la providencia de apremio.

d) Solicitar la imposición de sanciones por incumplimiento de las peticiones de información para la práctica del embargo de los bienes.

e) Ordenar la enajenación de Títulos valores públicos o privados y géneros embargados.

f) Nombramiento de depositario de bienes embargados, con funciones de administrador.

g) Designación del lugar de depósito de los bienes embargados.

h) Autorizar la enajenación mediante subasta de bienes embargados.

i) Presidir la mesa de las subastas.

j) Proponer a la Presidencia Acuerdo para encargar la ejecución material de las subastas a empresas privadas o a profesionales especializados.

k) Autorizar los pliegos de cargo a las Unidades encargadas de su gestión.

l) Dictar providencia para adjudicación directa de los bienes o derechos embargados.

m) Acordar la ejecución de garantías para cuya realización sea necesaria su enajenación.

n) Todas las que, no indicadas en este apartado, se señalen en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y demás disposiciones aplicables sobre la materia, como del Jefe de Dependencia de Recaudación, salvo las que se atribuyen en esta ordenanza a otros órganos.

Artículo 68.- Competencias del Gerente del Servicio de Recaudación

Corresponde al Gerente del Servicio de Recaudación las siguientes competencias:

a) Realizar las funciones que la Presidencia le encomiende.

b) Establecer y mantener relaciones de funcionamiento con órganos interesados, colaboradores, relacionados o participantes en la gestión recaudatoria.

c) Desarrollar las relaciones con los otros Entes públicos de la provincia que hayan encomendado o delegado la gestión recaudatoria en la Diputación.

d) Coordinar el Servicio con los de Gestión e Inspección Tributaria.

e) Colaborar con el Tesorero en la dirección y asesorar, impulsar, controlar y coordinar la gestión recaudatoria del Servicio.

f) Comprobar que las deudas cuya gestión cobratoria está atribuida al Servicio son ingresadas en los plazos reglamentariamente establecidos y exigir el cumplimiento de los preceptos que regulan los procedimientos de voluntaria y de ejecutiva de dicha gestión.

g) Velar por el buen funcionamiento de las Oficinas recaudatorias.

h) Efectuar el control y seguimiento de las Entidades colaboradoras en la recaudación y el de las cuentas restringidas de recaudación abiertas en dichas Entidades colaboradoras.

i) Realizar la tramitación de los expedientes de aplazamiento o fraccionamiento.

j) El mantenimiento y explotación de la información y de las bases de datos necesarias para las funciones atribuidas a los órganos de recaudación y, en especial, de la aplicación informática de Recaudación.

k) Dirigir, impulsar y coordinar aquellos procedimientos que, por la especialidad del sujeto deudor o clase de tramitación, no puedan ser realizados por las Oficinas recaudatorias.

l) Promover y tramitar expedientes de compensación de débitos y créditos de deudores conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudación y en esta Ordenanza.

m) Vigilar la correcta aplicación de las normas sobre liquidación de intereses de demora por impago en voluntaria de deudas tributarias.

n) Velar por el cumplimiento de las normas en materia de rendición de estados de situación recaudatoria.

ñ) Formar y remitir a la Intervención general los resúmenes y documentos contables resultantes de la gestión recaudatoria, a efectos de su fiscalización y contabilización.

o) Confeccionar el informe memoria anual sobre el desarrollo de la gestión recaudatoria.

p) El Gerente del Servicio de Recaudación provincial tendrá asimismo, las mismas competencias que los Recaudadores respecto de los expedientes cuya tramitación se le encomiende por el Tesorero.

q) Llevar el Registro General de Fallidos.

r) Ordenar las visitas de inspección de Oficinas Recaudatorias y señalar las directrices de su actuación.

s) Informar los expedientes motivados por denuncias, quejas o reclamaciones presentadas por interesados contra el personal recaudador, proponiendo su suspensión cuando reglamentariamente corresponda.

t) Instruir las diligencias preceptivas en los expedientes de alcance que se evidencien en la gestión de las Unidades Administrativas de Recaudación.

u) Redactar las propuestas de resolución a aquellos expedientes de gestión recaudatoria que hayan de ser resueltos por la Presidencia.

Artículo 69.- Competencias de los Recaudadores

Corresponden a los Recaudadores las siguientes competencias:

a) Dictar las medidas cautelares precisas para evitar actuaciones del deudor que impidan el pago.

b) Expedir los mandamientos de anotación preventiva de embargo de bienes para los Registros Públicos.

c) Solicitar y recibir información de Juzgados y Tribunales sobre datos recaudadores de procedimientos concursales de ejecución, así como sobre procedimientos que puedan afectar a derechos de la Hacienda pública local.

d) Dictar la providencia de embargo.

e) La acumulación y desglose de deudas.

f) Proponer la ejecución de garantías y proceder al embargo preventivo, si aquellas fuesen insuficientes.

g) Solicitud de información de bienes a embargar, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

h) Practicar la diligencia de embargo.

i) Proceder al precintado y otras medidas necesarias para evitar la sustitución o levantamiento de bienes embargados.

j) La valoración de los bienes embargados, pidiendo la colaboración necesaria, si ello fuese preciso, de los Servicios técnicos de la Diputación. Sólo al no contar con personal especializado en el Ente provincial, procederá recurrir a peritaciones externas, a través del Servicio de Recaudación.

k) Requerir los títulos de propiedad a los Registros Públicos.

l) Providencia decretando la venta de bienes embargados.

m) Gestiones conducentes a la adjudicación directa de bienes embargados.

n) Levantar el embargo de bienes no enajenados, una vez cubierta la deuda.

ñ) Anotar en el Registro Mercantil, la declaración de créditos incobrables correspondientes a personas físicas o jurídicas, inscritas en el mismo.

o) Expedir certificaciones acreditativas de pagos.

p) Llevar la contabilidad de su gestión y rendir los estados de situación correspondientes, con arreglo a las instrucciones recibidas.

q) Establecer un libro registro secuencial de todas las providencias de embargo de bienes que haya dictado.

r) Proponer los itinerarios de cobranza en período voluntario.

s) LLevar el Registro de fallidos de su Oficina.

t) Todas las que, no indicadas en este apartado, se señalan en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y demás disposiciones aplicables sobre la materia, como de los Servicios y demás Unidades de Recaudación y de las Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, u órganos a los que se adscriban en un futuro sus competencias, salvo las que se atribuyen en esta Ordenanza a otros Organos.

Capítulo I: EXTINCION DE LAS DEUDAS

Sección I: ESPECIFICACIONES SOBRE EL PAGO

Artículo 70.- Tiempo de pago

1.- Los obligados al pago de las deudas, las harán efectivas dentro de los plazos fijados en este artículo.

2.- Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro de los plazos siguientes:

A) Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, deberán pagarse:

a) Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, dentro del plazo anunciado en los edictos de cobranza que se publiquen de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.
d) Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determinados en los mismos.

B) Las deudas tributarias que deban pagarse mediante autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tributo.

C) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuáles tales deudas se exijan y, en su defecto, en los plazos establecidos en los distintos apartados del párrafo primero de este precepto.

D) Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados, en el momento de la realización del hecho imponible.

3.- El Presidente de la Diputación podrá, a propuesta del Servicio Provincial de Recaudación, establecer un calendario de recaudación que podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses naturales.

4.- No obstante, cuando el deudor presente declaración liquidación o autoliquidación fuera de plazo, se estará a lo establecido en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

5.- Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas, serán los siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

6.- Si se hubiese concedido aplazamiento de pago, se estará a lo dispuesto en la Sección II de este Capítulo.

7.- Las suspensiones acordadas por órgano administrativo o judicial competente en relación con deudas en período voluntario, suspenderán los plazos fijados en este artículo. Resueltos el recurso o reclamación que dió lugar a la suspensión, si el acuerdo no anula ni modifica la liquidación impugnada, deberá pagarse en el plazo previsto en el apartado 2 de este artículo. La resolución administrativa adoptada se notificará al recurrente con expresión de este plazo en el que debe ser satisfecha la deuda.

Si la resolución da lugar a la modificación del acto u ordena la retroacción del procedimiento, la deuda resultante del acto que se dicte en ejecución de dicho acuerdo habrá de ser ingresada en el plazo previsto en el apartado 2 de este artículo. La notificación del nuevo acto indicará expresamente este plazo.

No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez concluída la vía administrativa los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.

8.- En la regulación específica de cada precio público se podrá establecer la necesidad de constituir depósito previo del importe, de acuerdo con lo que dispone el artículo 47.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Artículo 71.- Medios de pago

1.- El pago de las deudas tributarias y no tributarias, habrá de hacerse en efectivo.

2.- De no existir norma que autorice el pago mediante efectos timbrados emitidos por la Diputación, éste habrá de hacerse en efectivo.

3.- Sólo podrá admitirse el pago en especie cuando así se disponga por Ley.

4.- El pago en efectivo podrá hacerse por alguno de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal

b) Cheque

c) Cualesquiera otros que se autoricen por el Presidente de la Diputación.

Si dicho pago se realiza a través de entidades colaboradoras, será aplicable lo dispuesto en los artículos 90 a 91, ambos inclusive, de esta Ordenanza.

Artículo 72.- Cheque

1.- Los cheques a que se refiere el apartado 4b) del artículo anterior, deberán reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativo a favor de la Diputación Provincial de Granada o Servicio Provincial de Recaudación.

b) El nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.

El cheque deberá, además, estar conformado o certificado por la entidad librada.

Artículo 73.- Pago mediante efectos timbrados y máquinas registradoras-certificadoras.

1.- La utilización de los efectos timbrados como medio de pago vendrá establecida en la Ordenanza que regule el correspondiente tributo o recurso de derecho público, la cual determinará su forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características. La creación y modificación de efectos timbrados se hará por Resolución de la Presidencia, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.- Para el cobro de determinadas deudas podrán utilizarse máquinas registradoras-certificadoras, que emitan o estampen, según los casos, sellos provinciales por el importe que corresponda según la tarifa.

Artículo 74.- Justificantes de pago

1.- Los justificantes de pago en efectivo serán, según los casos:

a) Los recibos validados por la Tesorería de la Diputación, la Recaudación provincial o las entidades de depósito colaboradoras.

b) Las cartas de pago suscritas o validadas por funcionario competente o por Entidades autorizadas para recibir el pago.

c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado, expedidas por la Tesorería.

d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago, autorizado por Resolución de la Presidencia.

La validación de los justificantes de pago podrá realizarse por medio de máquinas que produzcan la certificación mecánica en el documento.

2.- Cuando se empleen efectos, los propios efectos, debidamente inutilizados, constituyen el justificante de pago.

Sección II: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

Artículo 75.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS I

1. El aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda tributaria podrá concederlo discrecionalmente la Administración provincial, en los términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación, tanto en período voluntario como ejecutivo, previa petición de los obligados.

2. El fraccionamiento como modalidad del aplazamiento del pago, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado expresamente.

3. Las deudas aplazadas deberán garantizarse, salvo cuando sean inferiores a la cantidad de 3.000 euros, o cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.

Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido en su caso el recargo de apremio, devengarán el interés de demora correspondiente.


Artículo 76.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS II

1. Los aplazamientos o fraccionamientos se concederán cuando la situación de la Tesorería de los obligados, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida efectuar el pago de sus débitos; lo que será acordado por la Presidencia, concediéndose en principio un plazo máximo de 6 meses.

2. Se establece un importe mínimo de 300 euros para poder solicitar aplazamiento o fraccionamiento, desestimándose las peticiones respecto de deudas inferiores a dicha cantidad, salvo:
Cuando se trate de varias liquidaciones del mismo tributo correspondientes a distintos ejercicios pero que hayan sido notificadas el mismo día y su importe individualizado no supere el límite de 300 euros aunque sí lo superen en su conjunto, podrá acordarse su aplazamiento de tal forma que cada una de ellas, junto con los intereses de demora que procedan de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, habrán de ser pagadas en vencimientos mensuales sucesivos.

Artículo 77.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS III

1. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda se dirigirá al Sr. Presidente, formalizándose de acuerdo con el modelo facilitado por la Diputación. Dichas peticiones se presentarán dentro de los plazos siguientes:

a) Deudas en período voluntario: durante del plazo que dure éste.
b) Deudas en período ejecutivo: en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
c) Autoliquidaciones: durante el plazo de presentación de las mismas.

2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, razón o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente. Asimismo, se identificará el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario.
c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita.
e) Garantía que se ofrece siempre que la deuda aplazada supere las 3.000 euros, o en su caso, la imposibilidad de constituir afianzamiento; así como compromiso de domiciliación bancaria de los pagos aplazados o fraccionados resultantes.
f) Lugar, fecha y firma del solicitante.

A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar la documentación que exige el Reglamento General de Recaudación en su artículo 51.

3. Si se omitiese alguno de los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos que se señalan en el presente artículo, el Sr. Recaudador concederá un plazo de 10 días para que se subsane la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite.

En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior, no habiéndose efectuado el pago ni aportado los documentos solicitados se exigirá dicha deuda por la vía de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.


Artículo 78.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS IV

1. Si la resolución fuese estimatoria se notificará al solicitante, advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía o en su caso de la falta de pago, calculándose el interés de demora. En la misma se especificarán los plazos y demás condiciones del aplazamiento, que podrán ser distintos de los solicitados; debiendo coincidir en todo caso el vencimiento de los plazos, con los días 5 ó 20 del mes. Cuando el aplazamiento incluya varias deudas, se señalarán individualizadamente los plazos y cuantía que afecten a cada una.

2. Si la resolución fuese desestimatoria y se hubiera solicitado el aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse antes de la finalización del periodo reglamentario de ingreso que reste; y si éste hubiera transcurrido, en el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria.

Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, se advertirá al solicitante que continuará el procedimiento de apremio.

3. En todo caso, la resolución deberá adoptarse en el plazo de siete meses a contar desde el día en que la solicitud tuvo entrada en el Registro. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución, se podrá entender desestimada la solicitud en la forma y con los efectos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. En los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentada en período voluntario, que al final del mismo se encontraran pendientes de resolución, no se iniciará el procedimiento administrativo de apremio hasta tanto transcurran los plazos que permitan entender desestimada dicha petición.

Cuando se presente en período ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la resolución del aplazamiento.


Articulo 79.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS V

1. Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán el interés de demora que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100 salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente para las deudas tributarias. Para las deudas no tributarias se devengará el interés de demora a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria.

2. En la aplicación del punto anterior para el cálculo del interés en los aplazamientos y fraccionamientos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario y hasta la finalización del plazo concedido, considerándose el año compuesto de 12 meses y 365 días.
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del período voluntario y hasta la finalización del plazo concedido, debiéndose satisfacer los mismos junto con dicha fracción.


Artículo 80.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS VI

1. Como regla general, el solicitante deberá ofrecer garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, de acuerdo con el documento facilitado por la Diputación, que cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas; acompañado del compromiso expreso de la entidad de formalizar dicho aval si se concede el aplazamiento solicitado.

2. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval, o que con ello se compromete seriamente la viabilidad de una empresa, el órgano competente podrá admitir alguna de las siguientes garantías.

a) Hipoteca inmobiliaria.
b) Hipoteca mobiliaria.
c) Prenda con o sin desplazamiento.
d) Fianza personal y solidaria.
e) Cualquier otra que por el órgano competente se estime suficiente.

Si la justificación del solicitante para la aportación de garantía distinta de aval no se estimase suficiente, el órgano encargado de la tramitación lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero, con advertencia de que, si así no lo hiciera, se propondrá la desestimación de la solicitud.

3. La fianza personal y solidaria sólo se admitirá cuando sea prestada por dos contribuyentes del municipio, teniendo que acreditar los avalistas la capacidad económica para hacer frente a la totalidad de la garantía, bien sea mediante copia de la declaración de la renta del último ejercicio, certificado de saldos medios en cuentas bancarias, certificado del Registro de la Propiedad, o cualquier otro medio que acredite estos aspectos.

4. Si se trata de hipoteca o prenda, se deberá acompañar tasación de perito independiente de la valoración del bien gravado, que ha de cubrir la totalidad del importe de la garantía.

5. Excepcionalmente, el Sr. Presidente o personas en quién delegue podrá dispensar de la presentación de garantía exigible en los supuestos contemplados por la normativa o en aquellos de verdadera necesidad.

6. Por el Sr. Presidente se podrá aprobar un calendario provisional de pagos, en casos de falta de liquidez y demora en la valoración de la garantía, a que se refiere el artículo 54.2 del Reglamento General de Recaudación.

7. Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en Registro público de bienes de valor suficiente, a juicio del Recaudador se considerará garantizada la deuda y no será necesario aportar nueva garantía.

8. En ningún caso se concederá aplazamiento o fraccionamiento a sujetos pasivos que hayan incumplido los plazos de anteriores aplazamientos o fraccionamientos.


Artículo 81.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS VII

Concedido el aplazamiento o fraccionamiento, deberá aportarse la garantía en el plazo de treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de concesión, que estará condicionado a su presentación. Este plazo podrá ampliarse por el Sr. Presidente o personas en quién delegue, cuando se justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en dicho plazo.

Transcurridos estos plazos sin formalizarse la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión; en tal caso, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el periodo reglamentario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.


Artículo 82.- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS VIII

1. La falta de pago de las cantidades aplazadas determinará a su vencimiento lo siguiente:

a) Si la deuda se hallaba en período voluntario, que se exija en vía de apremio la cantidad aplazada mas los intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente. De no efectuarse el pago, se procederá a ejecutar la garantía para satisfacer las cantidades antes mencionadas.
b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, que se proceda a ejecutar la garantía, y en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se proseguirá el procedimiento de apremio.

2. La falta de pago de un plazo en los fraccionamientos de la deuda producirá los siguientes efectos:

a) Si fue solicitado en período voluntario, por la fracción no pagada y sus intereses devengados se expedirá certificación de descubierto, para su ejecución por vía de apremio con el recargo correspondiente. De no pagarse dicha certificación en los plazos establecidos para el ingreso en período ejecutivo, se considerarán vencidas las fracciones pendientes, que se exigirán por el procedimiento de apremio con ejecución forzosa.
b) Si fue solicitado en período ejecutivo, proseguirá el procedimiento para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago. Si existiese garantía, se procederá en primer lugar a la ejecución de ésta.

Sección III: COMPENSACION DE DEUDAS

Artículo 83.- Compensación

1.- Podrán compensarse las deudas a favor de la Diputación o del Servicio Provincial de Recaudación que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con las obligaciones reconocidas por parte de aquellas y a favor del deudor.

2.- Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas reguladoras de los tributos locales y demás recursos de derecho público.

3.- Cuando la compensación afecta a deudas en período voluntario, será necesario que la solicite el deudor.

4.- Cuando las deudas se hallen en período ejecutivo, el Presidente puede ordenar la compensación, que se practicará de oficio y será notificada al deudor.

Artículo 84.- Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas

Las deudas a favor de la Diputación, cuando el deudor sea un Ente territorial, Organismo Autónomo, Seguridad Social o Entidad de derecho público, cuya actividad no se rija por el ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario.

Artículo 85.- Procedimiento de compensación de deudas de Entidades Públicas

El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente:

a) Una vez comprobada la finalización del período voluntario de cobranza, sin que la deuda se haya hecho efectiva, se notificará por el Servicio de Recaudación, al Ente público deudor el inicio del período ejecutivo.

b) El Tesorero, comprobada la existencia de créditos a favor de las Entidades deudoras, bien por Mandamientos pendientes de pago en la Tesorería, bien por informe solicitado a la Intervención, redactará la propuesta de compensación.

c) La propuesta de compensación, que incluirá detalle de los débitos recíprocos que se propone compensar, será comunicada a la otra Entidad, disponiendo ésta del plazo de diez días para formular las alegaciones u observaciones que tuviera por conveniente.

d) Transcurrido el plazo citado, a través de Resolución del Presidente, se formalizará la compensación propuesta y se notificará dicha Resolución, acompañando a la misma la documentación que proceda.

Artículo 86.- Cobro de deudas de Entidades Públicas

1.- Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extinción de las deudas de las Entidades Públicas reseñadas en el artículo anterior, por no ostentar las mismas crédito alguno contra la Diputación o Servicio Provincial de Recaudación o ser éste insuficiente, el Presidente de la Diputación comunicará a la Entidad Pública correspondiente la deuda, a fin de que haga efectivas las cantidades debidas en el plazo de tres meses a partir de dicha comunicación.

2.- Si transcurrido dicho plazo, la deuda no se hubiera hecho efectiva, se realizarán las actuaciones oportunas en el ámbito administrativo o judicial.

3.- Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo, serán aprobadas por el Presidente de la Diputación y de su resolución se efectuará notificación formal a la Entidad deudora.

Sección IV: CREDITOS INCOBRABLES

Artículo 87.- Declaración de crédito incobrable

1.- Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión recaudatoria por alguna de estas causas:

a) Desconocimiento del paradero del deudor.

b) Carencia de bienes del deudor susceptibles de embargo, sin perjuicio de lo establecido para el cobro de las deudas de los Entes Públicos.

2.- Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, pudiendo ser rehabilitadas en el plazo de prescripción. La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo.

3.- Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados o responsables.

4.- Se controlará la situación de insolvencia declarada, arbitrándose a tal efecto los medios necesarios.

Artículo 88.- Justificación

1.- El Recaudador documentará debidamente los expedientes, formulando propuesta que, con la conformidad del Tesorero, se someterá a fiscalización de la Intervención y aprobación del Presidente.

En los tributos municipales cuya gestión tributaria no este delegada, el Recaudador formulara propuesta al Tesorero de la Corporación correspondiente. 

Conforme a los párrafos anteriores, el Recaudador formulará propuesta de crédito incobrable cuando, además de constar en el expediente la deuda, la providencia de apremio y providencia de embargo, se den las condiciones de cualquiera de los siguientes supuestos, que quedarán debidamente justificados en el expediente:

a)Se ha intentado la notificación con el resultado de desconocido o ausente en tres repartos en todos los domicilios que figuren en los valores y en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes, resultando el deudor desconocido.

Se ha publicado en el B.O.P.

No se dispone de N.I.F.

No se ha satisfecho la deuda ni se ha conocido ningún nuevo elemento.

Informe del Ayuntamiento de que el contribuyente no figura inscrito en ningún Padrón municipal.

b)Se ha intentado la notificación por los medios y con el resultado señalados en el apartado a) anterior.

Disponiendo de N.I.F. del deudor, se ha intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con resultado negativo.

Se ha intentado el embargo de salarios con resultado negativo.

Informe del Ayuntamiento de que el contribuyente no figura inscrito en ningún Padrón municipal.

c)Se ha practicado notificación válida.

El embargo de fondos en distintas entidades es negativo.

El embargo de salarios no es posible.

No existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.

Se ha investigado en el Registro Mercantil con el resultado negativo.

Informe del Ayuntamiento de que el contribuyente no figura inscrito en ningún Padrón municipal.

Artículo 89.- Efectos

1.- La declaración de créditos incobrables motivará la baja en cuentas del crédito, aunque no impide el ejercicio de las acciones contra quien proceda, en tanto no se extinga la acción administrativa para su cobro.

2.- El Servicio de Recaudación y las Oficinas Recaudatorias vigilarán la posible solvencia sobrevenida a los obligados y responsables declarados fallidos.

3.- En el caso de tributos municipales cuya gestión tributaria no este delegada, se entenderá que los créditos se declaran incobrables trascurridos dos meses desde su elevación al Ayuntamiento corrspondiente sin contestación expresa sobre la propuesta planteada por el Servicio Provincial de Recaudación.

Capítulo II: INGRESOS EN PERIODO VOLUNTARIO Y EN VIA DE APREMIO

Sección Unica: INGRESO DE LAS DEUDAS

Artículo 90.- Ingreso

El ingreso de las deudas podrá realizarse:

a) En la Tesorería.

b) A través de Entidad de Depósito colaboradora.

En las Entidades de Depósito colaboradoras se ingresarán aquellas deudas cuyo cobro se les encomiende por la Tesorería Provincial.

Artículo 91.- Ingresos en entidades colaboradoras

La colaboración de las Entidades de depósito en la recaudación de recursos se ajustará a las siguientes normas:

1.- Las Entidades que deseen actuar como colaboradoras solicitarán autorización de la Presidencia, acompañando memoria justificativa de la posibilidad de proporcionar la información de las operaciones que hayan de realizar, en las condiciones y plazos establecidos para la Diputación, mediante teleproceso, soporte informático u otros medios de los que disponga.

Dicha memoria contendrá, asimismo, todos aquellos datos que, a juicio de la Entidad solicitante, se estimen importantes a efectos de la prestación del Servicio.

2.- La Presidencia podrá aceptar o no la colaboración y su decisión se notificará a la Entidad.

3.- Las autorizaciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

4.- Las Entidades autorizadas comunicarán a la Presidencia de la Diputación, la relación de todas sus oficinas en la Provincia, su domicilio y clave bancaria. Igualmente comunicarán cualquier modificación de su red.

5.- Las deudas que podrán ingresarse en las Entidades colaboradoras serán:

a) Las correspondientes a liquidaciones practicadas por la Administración (individuales o incluídas en documentos cobratorios colectivos o en cualquier otro medio). El instrumento de cobro podrá ser remitido al domicilio del contribuyente o retirado por éste en el Servicio que corresponda.

b) Las correspondientes a Declaraciones-liquidaciones, o autoliquidaciones, para los ingresos que se realicen por este procedimiento y se formulen en los modelos establecidos.

6.- Los ingresos efectuados por los contribuyentes se abonarán en cuentas restringidas de recaudación. El Presidente podrá establecer que dichas cuentas se lleven con separación para los distintos tipos de ingresos, así como la dinámica y forma de gestión y liquidación de ingresos de las mismas.

7.- Las Entidades colaboradoras centralizarán la operación de ingreso de los importes recaudados y la remisión al Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de la correspondiente documentación, en su oficina donde estén abiertas las cuentas e ingresarán en la cuenta operativa del Servicio Provincial de Recaudación los importes totales recaudados.

En los plazos, forma y soporte que igualmente establezca la Presidencia, entregarán las Entidades colaboradoras el justificante de las cantidades ingresadas y demás documentos necesarios para la gestión y seguimiento de dichos ingresos.

Capítulo III: DEL PERSONAL RECAUDADOR

Sección I: DE LOS RECAUDADORES

Artículo 92.- Carácter y nombramiento

Los Recaudadores dirigirán en sus Oficinas de Recaudación la gestión recaudatoria de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento y las instrucciones del Tesorero y del Gerente del Servicio de Recaudación.

Serán seleccionados y nombrados de acuerdo con las Bases específicas que al efecto el Presidente de la Corporación.

Artículo 93.- Deberes y derechos

1.- Los Recaudadores como responsables en su Oficina de la gestión recaudatoria, tendrán los siguientes deberes:

a) Recaudar las deudas con arreglo a los procedimientos establecidos.

b) Tramitar los expedientes de apremio con estricta sujeción a las disposiciones reglamentarias y seguir las orientaciones que en este sentido les dicten el Gerente del Servicio de Recaudación y el Tesorero.

c) Evitar, bajo su responsabilidad, la exacción de costas no autorizadas reglamentariamente, justificando siempre en los expedientes las que como procedentes se exijan.

d) Ser correctos en sus relaciones con el público, exigiendo que esta norma sea observada igualmente por el personal a su cargo.

e) Constituir fianza en la cuantía y con los requisitos que se establecen en este Reglamento.

f) Asistir diariamente a la Oficina y no ausentarse de aquélla sin la autorización del Gerente del Servicio y sin dejar designado el personal que deba sustituirle.

2.- En caso de existir Cajas de Efectivo en la Oficina a su cargo, tendrán los siguientes deberes:

a) Realizar arqueo diario y su ingreso el mismo día, en las cuentas señaladas en el Artículo 91.

b) Llevar un libro diario de Caja, del que se obtendrá el arqueo a que se refiere la letra anterior.

c) Elaborar diariamente las datas de ingresos, que remitirán a la Gerencia del Servicio acompañando los correspondientes justificantes de ingreso en los plazos que se determine.

3.- Los Recaudadores tendrán derecho a:

a) Percibir las retribuciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.

b) Recabar la cooperación y auxilio de la Autoridad, por conducto de los órganos superiores o directamente en caso de urgencia, siempre que sea necesario para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y en especial en los casos previstos en el Reglamento General de Recaudación.

c) Al cesar en el cargo y previa tramitación del oportuno expediente, a la liberación y devolución de las fianzas que hubieren constituido.

d) Solicitar el traslado en caso de vacante.

Artículo 94.- Incompatibilidades

El cargo de Recaudador será incompatible con el desempeño, sea o no retribuido, de cualquier otro del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio y con el ejercicio de las profesiones o actividades de Representante, Comisionista, Agente Comercial, de Seguros o de Publicidad y otras que impidan o menoscaben el cumplimiento de sus deberes; no podrán tampoco dedicarse a la industria o al comercio dentro de la demarcación de su Oficina. Todo ello sin perjuicio del resto de incompatibilidades que le sean de aplicación.

Artículo 95.- Ceses

Cesarán en el puesto de trabajo por las causas que determine la normativa aplicable.

Sección II: EL PERSONAL DE RECAUDACION

Artículo 96.- El personal de Recaudación

El Personal de Recaudación, bajo la dirección del Recaudador Jefe de la Oficina Recaudatoria, tendrá el cometido de realizar las diligencias y trámites del procedimiento de apremio que no requieran la ineludible actuación personal del Recaudador y todos los trabajos administrativos de la Oficina.

Será seleccionado y nombrado de acuerdo con las Bases específicas que al efecto apruebe el Presidente de la Corporación.

Artículo 97.- Deberes

El personal de Recaudación tendrá los siguientes deberes:

1.- Obedecer y respetar al Recaudador y demás Organos superiores en todo lo relacionado con el Servicio.

2.- Proceder con corrección en el trato con el público.

3.- Desempeñar su trabajo durante el horario establecido, sin perjuicio de la dedicación extraordinaria que exija la diligente realización de los servicios de la Oficina.

4.- Realizar las funciones que le son propias y los servicios que les encomiende el Recaudador para la ejecución de las providencias y diligencias que se dicten en los expedientes de apremio.

5.- Desplazarse a los pueblos para seguir los itinerarios de cobranza y a todos los lugares que sea necesario para el cumplimiento de las órdenes del Recaudador.

6.- No exigir costas que no estén justificadas en expediente con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás normas aplicables.

7.- Responder ante el Recaudador de cualquier falta de fondos de la que sean causantes, y de los perjuicios que ocasionen por su negligencia.

8.- Todos los exigibles al Recaudador cuando sustituyan reglamentariamente a éste.

Artículo 98.- Retribuciones y traslados

El Personal de Recaudación tendrá las retribuciones y demás derechos que le corresponda según la normativa que le sea de aplicación.

Asimismo, podrá solicitar el traslado en caso de vacante.

Artículo 99.- Auxilio de la Autoridad

El Personal de Recaudación estará autorizado para solicitar el auxilio de la Autoridad en los mismos casos en que pueda pedirlo el Recaudador, por conducto de éste o directamente en caso de urgencia.

Artículo 100.- Régimen disciplinario

A los Recaudadores y al resto del personal de Recaudación le será de aplicación lo establecido en la normativa correspondiente.

Capítulo IV: ESTADOS DE RECAUDACION

Sección I: ESTADOS DE LA GESTION

Artículo 101.- Elaboración

El Servicio de Recaudación y las Oficinas Recaudatorias, formularán, dentro del mes siguiente a la terminación de cada ejercicio económico, estados demostrativos de la gestión realizada durante el año anterior, cuyo número, clase y forma se establecerá por la Presidencia. En todo caso, deberán presentarse con separación de los períodos recaudatorios voluntario y ejecutivo, y por años, distinguiendo debidamente los conceptos y recursos gestionados.

Asimismo, se elaborarán estados integrados que recojan con la debida separación, la gestión recaudatoria global.

Artículo 102.- Justificantes

Los estados de la gestión se justificarán con pliegos de cargo, facturas de data, debidamente relacionadas, así como relaciones de deudas pendientes de cobro en poder de las respectivas Unidades. Por la Presidencia se establecerá, igualmente, su número, clase y forma.

Se acompañará una breve Memoria indicativa de las incidencias más sobresalientes en la cobranza de los valores a que se refiere el estado de situación y las causas por virtud de las cuales no se ha efectuado el cobro de los valores con una antigüedad de cargo superior al año.

Sección II: COMISION LIQUIDADORA

Artículo 103.- Nombramiento

A propuesta conjunta de la Intervención y la Tesorería y con objeto de realizar la comprobación material y técnica de los estados de situación de las operaciones recaudatorias llevadas a cabo por el Servicio de Recaudación y las Oficinas de Oficina, y cuya información debe integrarse en el estado demostrativo de los derechos a cobrar procedentes de presupuestos cerrados a que se refiere el punto e) del apartado 2 del artículo 190 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Presidente nombrará una Comisión de funcionarios adscritos a la Intervención y Tesorería-Recaudación, que efectúen los trabajos necesarios en orden a dicha comprobación.

Artículo 104.- Comprobación

La Comisión liquidadora comprobará todas las operaciones de cargo y data, y la existencia en poder del cuentadante de los expedientes pendientes de cobro, a cuyo fin el cuentadante habrá procedido a confeccionar un listado de los mismos. Además realizará las comprobaciones que estime oportunas, entre ellas las siguientes:

a) Examen de la tramitación figurada en los expedientes de apremio, haciendo constar en el informe las anomalías observadas.

b) Verificación de los registros contables de la Unidad, en especial la igualdad que debe existir cada día entre la suma del diario de cobranza, importe recaudado, y el importe del justificante bancario de ingreso en cuenta restringida correspondiente.

c) Examen crítico de todos aquellos aspectos de la gestión auditada que estime oportunos para mejor fundamentar su informe, el cual debe contener referencia al desarrollo del servicio y, en caso de acumulación anormal de valores pendientes de cobro, a las causas que la producen y a las medidas a adoptar por los órganos de la Diputación.

d) Cuando proceda se realizará una auditoria informática conforme a la información existente en el Servicio de Recaudación.

La Comisión liquidadora, si así es su criterio, propondrá la aprobación de estados auditados.

El Servicio de Recaudación y la Tesorería coordinarán el funcionamiento de la mencionada Comisión.

Capítulo V: RECAUDACION POR LA DIPUTACION DE CREDITOS DE OTROS ENTES

Sección I: PRESTACION DEL SERVICIO DE RECAUDACION

Artículo 105.- Aplicación de la Ordenanza

La aplicación de la presente Ordenanza es extensiva en su totalidad al Servicio de Recaudación, que por delegación de las Entidades Locales y otros Entes, viene prestando, o pueda prestar para el futuro la Excma. Diputación provincial, si bien con las particularidades que se recojan en los convenios o Acuerdos correspondientes.

Artículo 106.- Extensión de la prestación del Servicio

1.- La Excma. Diputación, a través del Servicio Provincial de Recaudación, realizará la cobranza en las vías ejecutiva y/o voluntaria de las deudas tributarias y demás de derecho público de las Entidades que así lo convenien con la Diputación

Artículo 107.- Alcance

1.- La prestación por parte de la Diputación del Servicio de cobranza a que se refiere el artículo anterior, alcanzará a todas las actuaciones recaudatorias contempladas en el correspondiente convenio o acuerdo como objeto de la delegación.

2.- Para actos recaudatorios concretos cuya delegación no se contemple en el acuerdo o convenio suscrito, el Ente interesado podrá solicitar, con las formalidades legales, la aceptación por parte de la Diputación, de su delegación, que podrá ser aprobada por la Presidencia, siempre que se refiera a actuaciones contempladas en esta Ordenanza o en el Reglamento General de Recaudación, debiendo llevarse a cabo a tal efecto los trámites procedimentales pertinentes.

Sección II: RELACION CON LOS ENTES DELEGANTES

Artículo 108.- Intercambio de información y documentación

La Presidencia, dentro del marco de los Acuerdos y convenios suscritos para la prestación del servicio recaudatorio con las Entidades Locales y demás Entes mencionados, dictará las Instrucciones precisas para establecer el intercambio de información y documentación entre la Diputación y los Entes convenidos, con criterios de eficacia y economía, y en orden al mejor cumplimiento de los objetivos asignados al servicio recaudatorio.

Sección III: INGRESO DE LA RECAUDACION REALIZADA

Artículo 109.- Anticipos a cuenta

Por la Excma. Corporación provincial se podrán conceder anticipos a cuenta de la recaudación delegada, a los Entes convenidos, cuando la normativa vigente así lo prevea o cuando se considere conveniente por las circunstancias que concurran en cada caso.

Artículo 110.- Ingreso en las Entidades del importe de las deudas recaudadas

Mensualmente se realizarán, a las Entidades convenidas, las siguientes transferencias de fondos:

a) Anticipos a cuenta para aquellas deudas que así se haya acordado.

b) Ingreso de lo cobrado en el mes anterior, por el resto de recursos que no son objeto de anticipo a cuenta.

Artículo 111.- Liquidación definitiva

La liquidación definitiva que comprenderá el estado de ejecución de los todos recursos gestionados, determinará el importe a remitir a la Entidad.

Artículo 112.- Estados de Gestión Recaudatoria

En el primer trimestre de cada año y en relación con la gestión recaudatoria del ejercicio anterior, se rendirán los Estados de situación de la gestión recaudatoria a que se refiere esta Ordenanza. Una vez cumplidos los trámites procedentes, se enviarán, en unión de la liquidación definitiva, a las Entidades delegantes para su conformidad. Si en el plazo de quince días no se recibe reparo alguno sobre dicha documentación, se considerarán conformes y se procederá a la transferencia del montante de la liquidación, si resultase a favor del Ente delegante, o por este se enviará su importe a la Diputación, en caso contrario.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA: REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACION

En lo no previsto en el Título IV de esta Ordenanza Fiscal General, se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación, aplicable directamente de conformidad con el artículo 12 de la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA: MESA DE SUBASTA

La Mesa para la celebración de subastas de bienes embargados en el procedimiento de apremio estará compuesta por el Tesorero que será el Presidente; por el Recaudador que tuviere a su cargo el expediente ejecutivo; por el Interventor General de la Diputación y por un funcionario que a tal efecto designe el Presidente, que actuará como Secretario. Todos ellos podrán ser sustituidos.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA: COMPETENCIA DE LOS SERVICIOS JURIDICOS

Los cometidos que el Reglamento General de Recaudación encomienda a los Servicios Jurídicos del Estado, serán desempeñados respecto a la Recaudación de la Diputación por los Servicios Jurídicos correspondientes de la misma.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal General aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Granada el día ........ de Mayo de 2.002 entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO

Fdo.- José Rodríguez Tabasco                                          Fdo.- José González Valenzuela

 

A N E X O PRIMERO.- ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO PROVINIAL DE RECUADACION

En el Consejo de Administración del Servicio Provincial de Recaudación   de fecha 2 de mayo de 2002, se tomo el siguiente Acuerdo:

“Modificar la estructura territorial del Servicio Provincial de Recaudación, pasando de 9 Zonas a una sola Zona, que abarcará toda la provincia de Granada, y  que tendrá su sede central en el municipio de Granada en la dirección Plaza de Mariana Pineda nº 7, 1º.

Las oficinas de Almuñecar, Albolote, Santa Fe, Orgiva, Loja, Guadix, Baza, Huescar, Iznalloz, Alhama, Illora, Mariana Pineda y Tráfico se organizan como Oficinas de Atención al Contribuyente y al Municipio, bajo la dirección y supervisión de la Zona de Recaudación  única de la provincia de Granada.”

ANEXO SEGUNDO.- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LA RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACION

CONVENIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS  LOCALES Y DEMÁS DEUDAS NO TRIBUTARIAS ENTRE LA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA Y EL ILTMO.  AYUNTAMIENTO DE .........................

Reunidos en la ciudad de Granada el ........ de ........ de 200...

De una parte,

D. JOSE RODRÍGUEZ TABASCO, Presidente de la Diputación Provincial de Granada, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de Régimen Local.

Facultado para firmar este Convenio por acuerdo de Pleno de fecha ..... de ........ de  2002.

De otra parte, D. .................... Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de........................., facultado para este acto por acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha .......... de .......... de 2002.

MANIFIESTAN:

 Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente Convenio, en virtud de las competencias que les son atribuidas por las disposiciones legales qua a continuación se detallan:

El artículo 9, de la Ley 30/92, da 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las relaciones entre la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local, se regirán por la legislación básica en materia de Régimen Local y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Título 1 de esta Ley.

El artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que para la efectividad de la coordinación y eficacia administrativa, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas de un lado, y las Entidades Locales de otro, deberán en sus relaciones recíprocas, prestar en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. Y el articulo 57 del mismo texto legal añade que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en Servicios Locales como en asuntos de interés común se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.

La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3 que es competencia de las Entidades Locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a favor de las Entidades Locales, de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

Asimismo, el artículo 7 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales determina en su apartado 1, que las Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio están integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaría que la citada Ley les atribuye.

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes en la representación que ostentan convienen y suscriban el presente Convenio con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

1.‑ El Ayuntamiento de ........... delega en la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA la gestión tributaria y recaudatoria en período voluntario y ejecutivo de todos los tributos y demás deudas no tributarías, precios públicos y otros ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento por cualquier concepto, en los términos especificados en las cláusulas siguientes.

2.‑ La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA ejercerá las competencias que en relación a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica establecen respectivamente los artículos 78.2, 92.2 y 98 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

3.‑ El Ayuntamiento de ....................... delega en la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA la gestión, liquidación e inspección y recaudación, de los tributos y demás deudas no tributarias, precios públicos y otros ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento, y que a continuación se relacionan:

·       Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

·       Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

·       Ocupación de la vía pública con materiales de construcción o escombros.

·       Licencias urbanísticas.

·       Cotos de Caza.

·       Licencias de apertura de actividades.

·       Vados.

·       Multas de Tráfico.

 

4.‑ El Ayuntamiento de ........................... delega en la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de cualquiera de los conceptos  contemplados en las cláusulas segunda y tercera del presente convenio.

5.- La providencia de apremio sobre deudas cuya gestión recaudatoria en periodo voluntario sea efectuada por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, será dictada por el órgano competente de la misma.

Cuando la gestión recaudatoria en período voluntario, haya sido realizada por el Ayuntamiento, la providencia de apremio será dictada por el órgano competente del mismo.

El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a las normas establecidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales supletoriamente a las de la Ley General Tributaría, así como a la Ordenanza General de Gestión, Inspección y  Recaudación de la Diputación Provincial de Granada.

6.‑ La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA gestionará la recaudación de los ingresos procedentes de las deudas referidas en la Cláusula Primera del presente Convenio, aportando a tal fin los medios materiales y humanos de su organización recaudatoria, que son los dispuestos por el SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN.

Para optimizar la gestión recaudadora de los tributos de cobro periódico, la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA confeccionará un Calendario Fiscal al que deberá  atenerse  el Ayuntamiento de ...............................................

En relación con la gestión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la concesión de exenciones o bonificaciones requerirá, en todo caso, informe preceptivo del  Ayuntamiento.

Las facultades de la gestión tributaría de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, respecto de estos tributos, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Emisión de documentos de cobro, de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

d) Resolución solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago.

e) Resolución de los expedientes de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas a las anteriores materias.

7.‑ El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta información le sea solicitada, en relación con el objeto del presente Convenio, así como a colaborar, mediante la aportación, en caso necesario, de los medios materiales y humanos de que disponga.

8.‑ Hasta tanto el Ayuntamiento no disponga de un local­ adecuado, la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA habilitará un local en el municipio de ..........................., debiendo reunir las condiciones de tamaño y situación, para realizar las funciones propias de oficina delegada del SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION, acondicionado el local, con los medios materiales, informáticos y telemáticos que garanticen la adecuada­ prestación del servicio.

9.‑ La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA desplazará, a la Oficina Delegada a un trabajador con carácter permanente o temporal, que garantizará el cumplimiento de las Competencias del SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION, sin perjuicio de que por necesidades del servicio, pueda ser incrementado el  numero  de personas.

10.‑ La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA se compromete a trasladar al Ayuntamiento de ............................ cuanta información la sea solicitada al respecto de la recaudación en periodo voluntario o ejecutivo.

11.‑ La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA podrá colaborar con medios técnicos y humanos en la realización de los planes de inspección que se acuerden. A los efectos de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA podrá suscribir con la Administración Tributaria del Estado el oportuno convenio de delegación de competencias en la materia.

12.‑ El coste de la prestación del servicio es asumido por el Ayuntamiento de ......................... y se fija en :

El 4 por 100 del importe total de las deudas datadas por ingreso en periodo voluntario, excluido de dicha cantidad el Recargo Provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas, o las antiguas Licencias Fiscales.

El importe del recargo establecido en el Art. 127 de La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría.

·       Dichas cantidades se detraerán en cada una de las liquidaciones que sean rendidas al Ayuntamiento de ............................ por el SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA.

13.‑ El cincuenta por ciento de los intereses de demora y costas que los expedientes ejecutivos pudieran generar, así como los intereses de demora de los aplazamientos/ fraccionamientos en periodo voluntario y ejecutivo serán a favor de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, detrayéndose en cada una de la liquidaciones que sean rendidas al Ayuntamiento de ............................... por el SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA.

14.‑ Cuando una deuda haya sido liquidada al Ayuntamiento y posteriormente se acuerde la anulación y devolución del importe ingresado, se detraerá el importe transferido por dicha deuda al Ayuntamiento en la liquidación que corresponda, según el concepto y periodo en que se haya realizado el ingreso.

15.‑ El pago material de la recaudación obtenida se efectuará de la siguiente forma:

a)                El Servicio Provincial de Recaudación podrá anticipar al Ayuntamiento hasta el 75 por 100 de la recaudación obtenida en voluntaria por recibo, por los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y por la cuota municipal del Impuesto, sobre Actividades Económicas durante el ejercicio inmediatamente anterior en 12 pagos mensuales, efectuándose el pago del primer plazo el 30 de enero. Procediéndose a la liquidación definitiva de la recaudación voluntaria, en la que también se incluirán las deudas recaudadas por liquidación autoliquidación, antes del 20 de febrero del año siguiente, salvo que, por circunstancias especiales, se prorrogasen los plazos de cobro en periodo voluntario, en cuyo caso la liquidación definitiva se practicará dentro de los tres meses siguientes a la terminación del plazo ampliado.

b)                La recaudación obtenida en voluntaria por el resto de recursos, así como la totalidad de la obtenida en vía ejecutiva se abonará al Ayuntamiento con carácter mensual, incluyéndose en cada uno de los pagos, la recaudación efectuada en las dos quincenas anteriores.

16.‑ Los cargos de deudas para su cobro, que el Ayuntamiento efectúe a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, tanto en período voluntario como ejecutivo se realizarán en soporte magnético bajo las condiciones técnicas que fije el SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION, y sólo en casos excepcionales, o escasa cantidad, en soporte papel.

17.‑ Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento, que sean resultado de la actividad recaudatoria del SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION, tanto en período voluntario como ejecutivo, cualquiera que sea su exacción, se comunicarán mensualmente al Ayuntamiento.

18.- Cuando, la gestión recaudatoria para el cobro de determinados derechos, deba realizarse fuera del territorio de la provincia de Granada, el Ayuntamiento de ........................... solicitará al SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION la aplicación del Convenio suscrito el ................., entre la Agencia Estatal de Administración Tributaría y la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, repercutiéndose al Ayuntamiento de ............................... el coste del servicio.

19.‑ Se creará un órgano de seguimiento de la ejecución del contenido del Convenio, compuesta como mínimo por un representante del SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION y otro del Ilmo. Ayuntamiento de ......................, que propondrá, las medidas de adaptación que convenga a su mejor funcionamiento y rendimientos de la gestión recaudatoria y las medidas a tomar respecto a los créditos pendientes.

20.‑ El presente Convenio, se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes, por denuncia,  o por otras de las causas establecidas en la legislación vigente.

Para el supuesto caso de denuncia por el Ayuntamiento de .............. del Convenio antes del plazo de vencimiento del mismo, el Ayuntamiento deberá de resarcir al SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN por los gastos ocasionados para la gestión del servicio, y que serán cuantificados en un 5 por ciento de la media aritmética de los cargos en voluntaria de los últimos cuatro años.

21.‑ Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso‑administrativo.

22.‑ El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, extendiéndose su vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del año 2007, quedando sin validez los anteriores Convenios sobre la misma materia. Vencido este plazo, el Convenio se prorrogará automáticamente por años naturales, salvo manifestación expresa en contrario de alguna de las partes, comunicada en forma, con tres meses de antelación al vencimiento.